La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a un voto de avalar la figura de los superdelegados, impugnada por legisladores y partidos de oposición. La decisión final se tomará el lunes, cuando la ministra Loretta Ortiz Ahlf vuelva de una comisión oficial y emita el voto de desempate.

Al analizar las impugnaciones contra la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, promulgada en noviembre de 2018, el pleno de ministros se dividió sobre la constitucionalidad de los superdelegados, quedando empatado a cinco votos.

Este resultado era suficiente para desestimar la impugnación, sin embargo, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, propuso esperar a la ministra Ortiz para ver si se logra una mayoría de seis votos, con lo cual se reconocería la validez de la reforma.

La discusión se dio al resolver cinco acciones de inconstitucionalidad promovidas contra dicha ley, donde los partidos y legisladores opositores denunciaban la posible centralización y politización de decisiones con la creación de estos superdelegados.

El proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar Morales planteaba darles la razón, argumentando que las facultades de los superdelegados no estaban suficientemente delimitadas, lo que generaría incertidumbre jurídica, distorsionaría el sistema federal de competencias y vulneraría la división de poderes.

Sin embargo, esta posición fue rechazada por cinco de los ministros del pleno, quienes señalaron que los superdelegados no tienen otras facultades que las que da la ley a la Secretaría de Bienestar.

“No encuentro que su introducción genere arbitrariedad o un problema de legalidad que ponga ‘en riesgo’ las bases del federalismo ante la falta de pormenorización de su ámbito de atribuciones. Estamos hablando de bases claras para la administración pública federal. No es una norma que distribuya competencias y que trastoque los pilares del artículo 124 constitucional”, señaló al respecto la ministra Margarita Ríos Farjat.

La SCJN sí alcanzó mayoría para avalar la facultad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para nombrar a los encargados de las unidades jurídicas de toda la administración pública federal.

También se desestimó la impugnación en contra de las facultades de la Secretaría de Energía para regular las tarifas de los energéticos, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía.

Estas dos últimas decisiones fueron declaradas como definitivas por los ministros.