Héctor El Güero Palma Salazar, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, obtuvo un amparo que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) dejar sin efecto el acuerdo del 11 de mayo de 2021, que niega a sus abogados acceso al expediente de la averiguación de 1996, el cual contiene hechos con base en los cuales ya fue juzgado por delincuencia organizada.

En su lugar, deberá emitir un nuevo acuerdo con libertad de decisión. En caso de que sea igual al anterior, tendrá que depurar los vicios formales y dicha determinación deberá estar fundada y motivada.

Por unanimidad, los magistrados del octavo tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México, Jorge Isaac Lagunes Leano, Elisa Macrina Álvarez Castro y Taissia Cruz Parcero, confirmaron la sentencia de un juez federal que el año pasado le concedió al narcotraficante la protección de la justicia federal por considerar que hubo vicios formales en el proceso.

El Güero Palma promovió el recurso en agosto del año pasado ante el juzgado decimoquinto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México.

El expediente señala que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la FGR, argumentó que la información de dicha carpeta se clasificó como reservada para no poner en riesgo las indagatorias, ya que Palma Salazar se encuentra sujeto a investigación por delincuencia organizada.

Además, consideró que al revelar información de la averiguación previa hace vulnerable su debida integración, ya que puede alertar o poner sobre aviso a los involucrados, en este caso, a quienes forman parte de la delincuencia organizada.

Sin embargo, el juez federal consideró fundados los argumentos de Palma, quien dijo que negarle acceso a la carpeta vulnera sus derechos fundamentales a la legalidad, la seguridad jurídica y a una defensa adecuada.

Palma fue detenido el 4 de mayo de 2021 por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tras abandonar el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México.

Fue liberado luego de que un juez federal lo exoneró de la acusación de delincuencia organizada. Al respecto, sus abogados han señalado que su cliente no tiene procesos pendientes en México y que la FGR trata de fincarle cargos con base en una averiguación previa de 1996, que contiene hechos por los que ya fue juzgado.