El Congreso de la Unión debió expedir desde hace 10 años la Ley General del Agua, pero como no lo hizo, debió intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obligar a las cámaras de Senadores y de Diputados a fin de que aprueben esa legislación reglamentaria, con un plazo que vence justo cuando concluye la actual legislatura.

Es una omisión que data desde 2012, cuando el Congreso aprobó la reforma al artículo cuarto constitucional, en la que se estableció el derecho de la población al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

En esa reforma a la Carta Magna, se precisó que el siguiente paso era aprobar la ley reglamentaria para llevar a la práctica ese derecho, pero aunque en la última década se han presentado 14 iniciativas a fin de expedir una Ley General del Agua, no ha habido éxito, mientras la escasez del líquido vital hizo crisis en el norte del país y otras regiones.

En la actualidad, luego del mandato de la Suprema Corte, se ha iniciado el trabajo legislativo, tema que ayer analizó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario que preside Juan Cortina Gallardo.

En el encuentro, que fue privado, según comentó en sus redes sociales el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), conversaron sobre los impactos de las iniciativas de las leyes generales de Aguas y de Bienestar Animal, actualmente en comisiones legislativas del Congreso y hubo el compromiso de mejorar el marco normativo que rige al campo.

Propone PVEM crear una comisión especial

Entre los grupos parlamentarios del Senado hay preocupación por esa ley que les heredaron las pasadas legislaturas e, incluso, el Partido Verde Ecologista propuso crear una comisión especial plural que se encargue de coordinar los esfuerzos, con el fin de consensar la nueva legislación que garantice el derecho al agua, ya que el tiempo sigue corriendo.

La propuesta, que va encaminada a dar continuidad al análisis y la discusión de esa ley reglamentaria, incluye realizar mesas de trabajo presenciales y remotas que permitan la participación de todos los sectores y con representantes de las 32 entidades federativas involucradas en el desarrollo de esta Ley General de Agua.