El 68 por ciento de las mujeres que están en prisión son madres, y la mayoría de ellas vive con sus hijos menores de 12 años en los centros de reclusión. Por ello, el Comité de los Derechos del Niño se ha pronunciado porque en México existan alternativas de detención para las mujeres privadas de la libertad con hijos a cargo, destacó la organización feminista Equis: Justicia para las Mujeres.

Expuso que “las autoridades penitenciarias deben impulsar modelos de cuidado para las mujeres que viven (o no) con sus hijos en los cárceles. Añadió que cuando las presas no están a cargo de sus hijos, la mayoría de veces los abuelos se hacen cargo de los niños (55 por ciento); en segundo lugar los padres (31) y otros familiares en 24 por ciento de los casos. En contraste cuando el padre está preso, casi siempre las madres cuidan a los hijos (90 por ciento de los casos).

Asimismo, dijo que 20 por ciento de las mujeres recluidas han dicho que al menos una vez les cobran por recibir servicios para ellas y sus hijos, por ejemplo por pañales, artículos de higiene, medicinas y servicios de salud.

La ONG insistió en aplicar la Ley de Amnistía aprobada el 20 de abril de 2020, que contempla a las mujeres que cometieron delitos contra la salud por necesidad o amenazas. Subrayó los casos de Araceli y Domitila, dos mujeres de pueblos originarios. Ellas al igual que más de 3 mil mujeres fueron investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud y podrían ser favorecidas con esa ley.

Criticó que aunque dicha legislación no lo indique, la Comisión de Amnistía que estudia los casos exige presentar un acta de nacimiento o carta firmada por la autoridad para acreditar la calidad de indígena. Ello es violatorio del principio de autoadscripción y obstaculiza que personas indígenas, puedan acceder a la amnistía. Expuso que en esos casos la “amnistía es un acto de justicia.