La iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea una drástica restructuración de estos organismos: desaparece el Instituto Nacional Electoral y cancela los 32 organismos públicos locales electorales para crear el instituto nacional de elecciones y consultas (INEC). Promueve la desaparición de los 32 tribunales estatales electorales para que esta tarea se concentre sólo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Presentada durante la conferencia presidencial, el administrador general de Aduanas, Horacio Duarte, enfatizó que es una apuesta por la federalización de las elecciones, lo que permitirá en su conjunto un ahorro de 24 mil millones de pesos (incluida la cancelación de las prerrogativas para gasto ordinario de los partidos). Mencionó que los consejeros electorales pasarán de 11 a siete y serán elegidos (al igual que los magistrados) por un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión.

El costo del aparato pasó de 13 mil millones de pesos en 1999 a 68 mil 300 millones de pesos en 2022, e incluye a todas las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales. En 2021 se asignaron 13 mil millones de pesos a los 32 Oples (tan sólo el del estado de México y de la Ciudad de México recibieron 3 mil millones de pesos).

Bajo el principio de austeridad republicana se propone que el INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República, a nivel nacional, estatal y municipal. Además se propone que lleven a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y leyes.

En la exposición de motivos se descalifica la actual estructura operativa del INE (Consejo General, Junta General Ejecutiva, Órgano Interno de Control, 32 comisiones locales y 32 juntas distritales), que conforman un organismo oneroso, burocrático y marcadamente ineficiente para cumplir con sus funciones de garantizar elecciones libres.

Para la designación de consejeros y magistrados, la Cámara de Diputados emitirá una convocatoria y cada uno de los poderes de la Unión postulará a 20 aspirantes que serán seleccionados, en agosto –comentó Duarte–, para que sean electos por el voto popular, si bien se propone que sea el propio INE el que organice este proceso.

También se pretende impulsar el voto electrónico para aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la participación ciudadana en las elecciones y las consultas populares. Se plantea que antes de implementar una votación totalmente electrónica, se deberán ensayar tanto diversas tecnologías como mecanismos de certificación, autenticación y encriptación, así como modelos híbridos que combinen testigos documentales con tecnologías de la información y comunicación, hasta lograr mecanismos que brinden certeza.