Puerto Príncipe. La violencia de las bandas criminales que azota a la capital haitiana ha derivado en días recientes en una guerra abierta, con al menos 20 civiles muertos, en medio de reportes de incendios de casas y violaciones.

Ayer por la tarde, tras un tiroteo en un barrio capitalino, padres de familia huían con sus hijos tomados de las manos mientras portaban bolsas en la cabeza con las pocas pertenencias que pudieron rescatar, después de que los pandilleros los expulsaron de sus casas.

Unos 100 agentes de la policía con armas automáticas se distribuyeron por el vecindario revisando a la gente y sus pertenencias, pero de todas formas sonaron ráfagas de disparos.

“Hombres armados de la banda 400 Mawozo incendiaron mi casa y mataron a varios vecinos antes de quemar también sus casas”, declaró Lucien a la agencia de noticias Afp; él vive en uno de los violentos barrios del norte de Puerto Príncipe. Violan a las mujeres y a las niñas cuando logran entrar a una casa, comentó bajo anonimato por temor a represalias.

La policía confirmó que al menos 20 civiles han sido asesinados desde el domingo en este punto de la ciudad, donde se producen los enfrentamientos, incluida una familia de ocho miembros, así como tres mujeres jóvenes y tres niños.

Además, cientos de personas huyeron de esa zona, entre ellos unas 50 que se refugiaron en una plaza pública, a unos cientos de metros de la línea del frente, detallaron las autoridades. Otros siguen atrapados en sus casas. Entre ellos está un residente que denunció que su hermano pequeño fue alcanzado por una bala perdida en la pierna el domingo, mientras estaba en casa.

Los choques ocurren en medio de un repunte de la violencia y los secuestros conforme las bandas aumentan su predominio y buscan controlar más territorios ante el vacío de poder que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. En octubre pasado, la pandilla 400 Mawozo secuestró a un grupo de 17 misioneros estadunidenses y sus familiares, entre ellos cinco niños.

Los haitianos exigen ante esta crisis la adopción de medidas al gobierno del primer ministro Ariel Henry, el cual está recibiendo asistencia internacional para fortalecer a la fuerza policial.