El pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), confirmó la resolución de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), donde estableció a Gerardo Ávila García, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor), el pago de una responsabilidad resarcitoria de 188 millones 662 mil pesos y a Juan Carlos Rico Campos, ex director de Bienestar del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), de un millón de pesos, debido a irregularidades detectadas en la triangulación de recursos conocido como la estafa maestra.

En el caso de Ávila García, el pleno de la sala superior del TFJA aprobó el proyecto que asumió el magistrado Guillermo Valls Esponda, quien señaló que la autoridad motivó y fundó sus argumentos para acusar al ex servidor público, quien en su demanda cuestionó si el director general de responsabilidades de la unidad de asuntos jurídicos de la ASF contaba con facultades, era de su competencia imponer la sanción resarcitoria y si se aplicó la normatividad vigente al momento de emitirla.

El impartidor de justicia afirmó que dicha autoridad sí cuenta con competencia para iniciar y resolver dicho procedimiento, de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Revisión de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009.

A Gerardo Ávila García se le acusa de conductas irregulares, ya que suscribió el anexo técnico número uno del convenio de colaboración del 6 de mayo de 2013 entre la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la UAEMor. No obstante, el magistrado añadió que fue un contrato indebido, ya que las condiciones eran que la universidad no podía subcontratar más de 49 por ciento de lo acordado a un tercero, para el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Para Valls Esponda se violaron diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que a la entidad que se le adjudicó el contrato, en este caso la UAEMor, no tuvo capacidad para cumplir con la responsabilidad adquirida.

En tanto, los abogados de Rosario Robles Berlanga le exigieron a la Fiscalía General de Justiciade la Ciudad de México que reabra la investigación relacionada con la falsificación de una licencia de conducir, documento que sirvió como uno de los argumentos fundamentales por parte de la Fiscalía General de la República para solicitar y obtener la prisión preventiva justificada en contra de la ex titular de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.