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staban previstos, pero, al alinearse en este alebrestado tiempo de definiciones, alteraron el imaginario nacional. Fueron sucesos de distinta naturaleza, pero al coincidir, casi de manera simultánea, dieron forma, contenido y ruta a la ansiosa actualidad del país. La crucial determinación de la SCJN afirmando la constitucionalidad de la reciente ley eléctrica, cuestionada con controversias, marcó el piso futuro de la industria eléctrica. La votación que refrendó la continuidad del gobierno del presidente López Obrador, revalora la ruta seguida, hasta hoy, por su administración. Le da, también, ánimos apara proseguir las tareas emprendidas desde el inicio de su administración. Los polémicos cambios, tan combatidos por la oposición, deben, por tanto, seguir esparciendo sus derivaciones sobre el régimen heredado. Y, por último, la reforma eléctrica, que pretendía asentar la soberana e independiente conducción del Estado de tan vital industria, sucumbió dentro de una beligerante y alocada Cámara de Diputados. La férrea y concertada postura opositora detuvo el intento oficial por darle el nivel constitucional necesario.

El eficaz bloqueo de la alianza opositora evitó también el sano e indispensable propósito de rescatar, de su actual y complejo deterioro, a la gran empresa eléctrica de México (CFE). Tal tendencia, aún en proceso, tendrá que ser parada y revertida por medio de un elaborado e imaginativo uso de las facultades, en efecto constitucionales, de la nueva ley. Es urgente poner en marcha todo un esfuerzo que permita eliminar el elevado costo para el erario, empujado a conveniencia por la con­trarreforma de 2013 (Peña Nieto). Es impostergable poner un alto al ilegal mercado paralelo que succiona inmensos recursos para funcionar. Existen, ahora y por fortuna, varias opciones al alcance del gobierno para lograr tan crucial objetivo. La existencia del dañino y tramposo ensamble de empresas extranjeras, que ambicionan adueñarse de tan valiosa y vital industria, tendrá entonces los días contados.

La nueva armadura de votos (15 millones) con que cuenta ahora el Presidente es parte del mismo fenómeno que exige mayor participación de una multitud en búsqueda de justicia. Esa irrupción popular, reconocida en 2018, aparece, de nueva cuenta, para dar su palabra de apoyo a la transformación en marcha. Bien se sabe que la alianza de partidos opositores no encaja dentro de este enorme movimiento de progreso social. Nunca han dirigido su mirada hacia abajo porque temen las pulsiones que ahí se engendran. Sólo voltean hacia arriba e impulsan la defensa de los intereses de unos cuantos, sus mentores y financieros. Y, al fijarse, como único propósito, detener el cambio, se insertan, con alegre y torpe voluntad, en la corriente, minoritaria, por cierto, que todavía propugna por una vuelta al modelo concentrador. Es esto, en efecto, ¿trabajar para el desarrollo nacional o es una manera de obstaculizarlo, sin importar el daño que se causa con su celebrada negativa? Puede, o no, tal postura ser catalogada como traición o es, únicamente, un alegato entreguista, disidente de la mayoría. Esto debe ser escudriñado, con mayor atención a las extremas consecuencias factibles y a los humanos derechos de las personas opositoras. Lo cierto, es que, la ciudadanía debe enterarse puntualmente de lo que estaba en juego y quiénes de sus debidos representantes no honoraron su compromiso como tales.

Las ya muy cercanas elecciones donde estarán en juego importantes gubernaturas serán las aduanas dictaminadoras de la ya próxima sucesión. No habrá escape a las consecuencias de haber votado contra la reforma. El expreso y abierto apoyo ciudadano para elevarla al rango constitucional fue ignorado por la oposición. El costo no se hará esperar. El PRI, que pudo asirse a una tabla de salvación, no lo hizo. Optó por darle la espalda al pueblo y, con ello, profundizará su declive, que parece indetenible. Perderá las pocas gubernaturas que todavía están dirigidas por sus militantes. Si bien le va, retendrá apenas la de Coahuila que, al menos por ahora, no estará en juego. El PAN también resentirá, en su médula norteña, las pasiones electorales de aquellos a los que desprecia con clasista empeño. Tendrá que refugiarse en Querétaro, Chihuahua y Guanajuato para curarse las heridas de perder Tamaulipas y Durango. En cambio, Morena, contrariando todo deseo crítico de condena a perder en 2024, llegará acuerpado y fuerte. Tendrá, sin duda, masivo apoyo de electores agrupados, territorialmente, en dos docenas de estados. Los pronósticos de crisis terminales que airea, con fingido o abierto entusiasmo la oposición crítica, no son más que eso, vientos ligeros. Confundir análisis con cuentos alegres o desesperados enojos vuelven, simplemente retóricas sus posturas.