Ocaña. En una inédita audiencia organizada por la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), 10 militares retirados y un civil reconocieron ayer, ante las familias de las víctimas, la ejecución extrajudicial de 120 civiles a los que presentaron como guerrilleros caídos en combate, en casos conocidos como falsos positivos.

Durante la audiencia, celebrada en Ocaña, región de Catatumbo, en el departamento Norte de Santander, donde cometieron estos crímenes en la década de 2000, los uniformados confesaron su responsabilidad en la desaparición y posterior asesinato de jóvenes, en su mayoría de origen humilde.

Unos 50 familiares de las víctimas ingresaron a un teatro universitario de esta población exhibiendo fotografías de los ejecutados.

En el escenario se sentaron quedando cara a cara con los victimarios: un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil, mientras cinco magistrados de la JEP –surgida del histórico acuerdo de paz de 2016– y abogados analizaban los testimonios. Hoy concluirá la audiencia.

Les pido limpiar el nombre de nuestros familiares, eran campesinos trabajadores, no como los tildaron de subversivos, de guerrilleros, de matones, reclamó Eduvina Becerra, pareja de José Ortega, agricultor asesinado que vivía a unos 300 kilómetros de Ocaña.

El cabo primero retirado Néstor Guillermo Gutiérrez declaró: no voy a justificar lo que hice porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos a personas inocentes.

Detalló cómo llegó a un burdel, identificó a un expendedor de estupefacientes y elaboró una lista de personas, ante la presión del gobierno de que había que dar resultados, como fuera.

Conocidos como falsos positivos, los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate son el mayor escándalo de la historia del ejército colombiano.

El tribunal de paz identificó dos modalidades de falsos positivos: Una consistió en llevarse con engaños a jóvenes a poblaciones alejadas de sus hogares para luego matarlos, y en la otra las víctimas fueron campesinos retenidos a la fuerza en Ocaña y otros municipios de la región del Catatumbo, que ostenta la mayor cantidad de narcocultivos del mundo.

Antes de esta audiencia hubo 22 reuniones individuales entre comparecientes y víctimas en Ocaña y Soacha, así como siete encuentros colectivos preparatorios para garantizar que se cumpla con uno de sus objetivos centrales: reparar el daño.

Los antiguos militares y otros victimarios del prolongado conflicto colombiano responden ante la JEP por sus crímenes, como parte del acuerdo de paz que desarmó en 2017 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Por otro lado, un grupo de congresistas opositores pidió la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano, durante un debate de moción de censura al que fue citado para rendir explicaciones por un operativo militar, lanzado en la vereda El Remanso, del Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, el pasado 28 de marzo, en el cual murieron al menos 11 personas, entre ellas civiles, según organizaciones de derechos humanos.

De acuerdo con las leyes colombianas la votación se hará en los 10 días posteriores al debate y en caso de que la mayoría de los congresistas aprueben la moción el funcionario podrá ser apartado de su cargo.

La legisladora de oposición María José Pizarro señaló que entre los muertos había menores de edad, indígenas y una embarazada. Denunció una presunta modificación de la evidencia para alterar la posición de los cuerpos y colocarles armamento con el objetivo de hacerlos pasar como combatientes.