San Cristóbal De Las Casas, Chis., Habitantes de 12 comunidades del municipio de Aldama afirmaron que a un año de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares, el Estado mexicano no ha implementado acciones pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad física de los beneficiarios.

En un comunicado, precisaron que el 25 de marzo resultó herida una menor en la comunidad de Tabac, por el incremento de las agresiones que recibe nuestro pueblo de grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalhó.

Denunciaron que no ha habido avances en la respuesta a sus peticiones del 24 de junio de 2021, fecha en que se llevó a cabo una reunión con funcionarios de gobierno y diferentes organismos.

Explicaron que el gobierno sólo manda proyectos según para mejora y avance en la solución del conflicto, pero lo único que ha hecho con la reparación del tramo carretero es destruir nuestro camino, única alternativa para ingresar y salir hacia nuestras comunidades; un tramo de dos kilómetros lo dejaron en las peores condiciones, lo que sólo ha puesto en riesgo nuestras vidas; han resultado heridos y fallecidos nuestros hermanos tras la destrucción del puente Tabac.

Insistieron en que cada día arriesgamos la vida. Es la temporada de la siembra de la milpa. No estamos pidiendo limosnas al gobierno; lo único que estamos exigiendo es la solución verdadera y definitiva del conflicto, porque estos grupos armados no nos dejan trabajar.

Saqueo de madera

Manifestaron que sus vecinos de Santa Martha “están aprovechando para saquear todos los árboles maderables plantados en las 60 hectáreas en disputa y los dueños legítimos siguen sin poder trabajar sus tierras, debido a que hasta la fecha no ha habido una verdadera solución por parte del gobierno y las instancias correspondientes.

Parece que el gobierno está protegiendo a estos grupos armados, tal vez porque nuestro pueblo de Magdalenas (Aldama) es pequeño, añadieron.

Solicitaron a la CIDH que visite a nuestra comunidad y a nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez, preso político por el gobierno y la fiscalía del estado.