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Otra orden de detención contra las 3 feministas; ahora es por robo y daño

Su abogado defensor se quejó de anomalías en el proceso

 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de abril de 2022, p. 32

Agentes de la Policía de Investigación ejecutaron, en reclusión, una orden de aprehensión contra Karla, Magda y Areli, las feministas detenidas durante la recuperación de un edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su presunta participación en los delitos de robo agravado y daño a la propiedad en pandilla el 13 de abril en la calle República de Cuba, colonia Centro.

Los efectivos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) se trasladaron al penal de Santa Martha Acatitla, donde notificaron a las acusadas el mandamiento judicial vigente, obtenido por el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez.

Se trata de la segunda orden de aprehensión, ya que la primera fue por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, por la que fueron vinculadas a proceso el pasado lunes y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En la audiencia inicial por los delitos de robo agravado y daño a la propiedad en pandilla, efectuada este miércoles en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México de dicho penal, el juez de control calificó como legal su detención.

Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Karla, así como justificada para Magda y Areli, quienes solicitaron la duplicidad de término constitucional de 144 horas para que se determine su situación jurídica, lo cual sucederá el lunes.

La FGJ informó que la denunciante, quien acudió a una diligencia de reconocimiento, identificó plenamente a las tres mujeres como las mismas que dañaron su vehículo y la despojaron de su teléfono celular cuando circulaba por esa zona el 13 de abril.

Por otra parte, el abogado de las mujeres denunció que no fue notificado de la audiencia y se les impuso un defensor de oficio impidiéndonos conocer los cargos y pruebas en su contra echando todo el aparato del Estado para criminalizarlas, pues los delitos que se les imputan son graves y la condena podría llegar a 30 años de prisión.