n su tortuoso caminar por la búsqueda de su hijo Jesús, doña Rosario Ibarra encontró en las madres de Atoyac, de Coyuca de Benítez, San Jerónimo y Tecpan de Galeana, en la Costa Grande, el bastión de su movimiento, que cobró forma en el comité prodefensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos de México. En la Universidad Autónoma de Guerrero, con el rectorado de Rosalío Wences Reza, se impulsó el modelo de universidad-pueblo volcado a los movimientos sociales que se gestaban en el estado y en el país. En esta ebullición política, doña Rosario halló el espacio apropiado para diseminar su lucha.

Celia Piedra y Margarita Cabañas fueron las madres aguerridas de Guerrero que la apoyaron para articular los comités locales con el movimiento nacional de familiares que tomaban las calles para denunciar las atrocidades del Ejército y de la brigada blanca, que operaba en los sótanos de la Secretaría de Gobernación. La huelga de hambre que realizaron en la catedral metropolitana removió los escombros de un poder presidencial decrépito. Su vigor y fragor causaron un impacto internacional que obligó al Ejecutivo federal a emitir una ley de amnistía para liberar a los presos políticos e impulsar la búsqueda de las personas desaparecidas.

En Guerrero la amnistía rindió frutos con la liberación de varios maestros universitarios como Alejandra Cárdenas, Antonio Hernández, Arturo Gallegos, Eloy Cisneros y Aquilino Lorenzo. Tras la liberación, doña Rosario los instó a que presentaran su testimonio ante el grupo de desaparición forzada de la ONU en Nueva York. Declararon que vieron con vida a compañeros en cárceles clandestinas como a Jaime López Sollano, Luis Armando Cabañas y Carlos Díaz Díaz. La versión del gobierno fue que sus mismos compañeros los asesinaron.

Celia Piedra, con apoyo de Rosario, escudriñaron el caso de su esposo, el profesor Jacob Nájera, quien fue sacado de su domicilio por policías judiciales. Su hija Melina de ocho años fue testigo de la acción criminal. Lograron ubicar a Isidro Galeana Abarca como originario de Corral Falso, quien coordinó el operativo en la comunidad de San Jerónimo. Lo localizaron y lo encararon. Les confesó que tuvo que cumplir una orden superior y que efectivamente se había llevado a Jacob, pero que la instrucción que recibió fue que lo entregara al Ejército en Atoyac. Así se urdió el modus operandi de las desapariciones forzadas en Guerrero. La brigada blanca ubicaba a las víctimas, aseguraba el lugar y de manera intempestiva sometía a los luchadores sociales para entregarlos a los militares. Generales como Acosta Chaparro se encargaban de torturarlos y de dar las órdenes para desaparecerlos.

Como senadora, doña Rosario acompañó a los normalistas de Ayotzinapa, que en 2007 se movilizaron para que los egresados contaran con plazas seguras. Fue madrina de generación de 120 jóvenes que vieron en ella a la interlocutora más idónea para establecer un diálogo con el gobernador Zeferino Torreblanca. Ella conoció el plan de gestión que elaboraron los egresados y el plan de acción que emprenderían si no encontraban una respuesta favorable. Su visita a la normal en junio de 2007 fue premonitoria de la violencia que se suscitaría el 14 y 30 de noviembre siguiente. Esta represión fue la antesala de la brutalidad que emprendió el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el 12 de diciembre de 2011, cuando policías federales y estatales accionaron sus armas contra los estudiantes que habían bloqueado la Autopista del Sol, dejando dos estudiantes ejecutados: Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría Pino. A los tres años ocurriría la desaparición de los 43 estudiantes.

En su discurso de clausura, Rosario dejó claro que su visita a la normal era un reconocimiento a los jóvenes que provienen de comunidades pobres y que luchan para que no desaparezcan las normales rurales. Expresó su solidaridad con sus demandas, principalmente para que los egresados cuenten con plazas, porque sólo ellos están dispuestos a trabajar en regiones inhóspitas, como la sierra y la montaña de Guerrero. Se comprometió a gestionar con el gobernador la asignación de esas plazas. Recordó a su hijo Jesús, al constatar su lucha genuina y su espíritu indoblegable para alcanzar la meta de ser maestros. Rememoró a Guerrero como estado que ha padecido los estragos de la guerra sucia, entidad gobernada por caciques y por generales represores. Aun así, dijo, hay madres valientes que se han unido para buscar a nuestros hijos. Pidió la solidaridad de los normalistas, porque la desaparición de personas afecta a todos.

El 14 de noviembre de 2007, ante la cerrazón del gobernador Torreblanca, los estudiantes de Ayotzinapa con los egresados tomaron el Congreso del estado para emplazar a los diputados a que establecieran una interlocución con el Ejecutivo estatal. La respuesta fue el desalojo violento con policías antimotines, coordinado por el secretario de seguridad pública. La situación se complicó el 30 de noviembre, cuando un contingente de egresados de la normal de Ayotzinapa quiso tomar la caseta de La Venta, en Acapulco. Desconocían que elementos del Ejército llevaban 30 días acuartelados para reprimirlos. Aparecieron con uniformes de la Policía Federal Preventiva; sin embargo, la operación la realizaron fuerzas especiales del Ejército. En el desalojo detuvieron a 56 jóvenes, 28 egresados y 28 estudiantes de la normal. Trasladaron al cerezo de Acapulco a 25 egresados y sólo tres quedaron libres.

Torreblanca demostró su aversión y arrogancia contra la normal de Ayotzinapa al cancelar sus plazas y entregarlas a las otras normales públicas del estado. La senadora Rosario constató el trato hostil de los gobernantes de Guerrero y su perfil sanguinario contra los normalistas. Los ahijados de Rosario con muchas dificultades encontraron trabajo fuera de su estado, porque quedaron proscritos.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero pidió que doña Rosario entregara al doctor Pablo Sandoval Cruz la presea popular por su trayectoria histórica como luchador social y su compromiso probado en la defensa de los derechos de los pobres. También fue homenajeada con la presea popular, elaborada por los alfareros de Tulimán, como reconocimiento de las familias guerrerenses a su trayectoria intachable, como forjadora de un legado intangible que sólo podrá ser coronado cuando se conozca el paradero de su hijo Jesús y de las 100 mil personas desaparecidas en México.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan