Buenos Aires. Como un golpe o un asalto a las instituciones se calificó aquí la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) firmada antier por tres de sus cuatro integrantes que impuso al presidente de la misma, Carlos Rossetti, presidir el Consejo de la Magistratura, encargado de evaluar a los jueces.

Para la designación fue derogada una ley de 2006 aprobada por mayoría en el Congreso, imponiendo la anterior sin la aprobación del Legislativo.

Rossetti asumió en una acción escandalosa ya que se votó a sí mismo como presidente del Consejo de la Magistratura, tomándose las atribuciones de la Legislatura, ante lo cual podría ser sometido a juicio político, junto con los magistrados, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkratz.

El ex presidente Mauricio Macri, quien gobernó entre 2015 y 2019, nombró a Rossetti y a Rosenkratz en la CSJ por decreto, en uno de los mayores escándalos de su gobierno.

El ex presidente de la CSJ Ricardo Lorenzzeti, no votó esta resolución, porque la consideró inviable, y que fue calificada de asalto a las instituciones y un ataque al Congreso.

El ex juez de la CSJ Raúl Zaffaroni comentó que este accionar ameritaría la remoción por juicio político y agregó que es ilegal y anticonstitucional que Rosetti sea presidente de la Corte y de la Magistratura a la vez.

Además, el organismo debería comenzar a funcionar con una estructura de 20 integrantes, como lo establecía la ley de 1997, que fue derogada, y el presidente de la Magistratura debería asumir cuando todos los miembros estuvieran designados para completarla, lo que tampoco sucedió.

Zaffaroni explicó que se pone en peligro el sistema de pesos y contrapesos de control de los poderes. Aseveró que no sólo está en peligro la democracia, también está en riesgo la república, en entrevista para El Destape. Añadió que en estos años se volvió más escandalosa la situación de nuestro Poder Judicial. Esto responde a su estructura, que es el de mayor irregularidad en América y Europa y deja un enorme espacio de arbitrariedad al estar concentrado en pocas manos.

El opositor Juntos por el Cambio de inmediato apoyó a la Corte, que nunca tomó decisiones ante los nombramientos irregulares de jueces que hizo Macri, y sí en cambio los ratificó cuando el gobierno actual demostró la irregularidad absoluta de esos cambios.

Los jueces y fiscales de Macri que integran la llamada Mesa Judicial son responsables, junto con la prensa opositora y los dirigentes políticos de la oposición, de instalar el llamado lawfare, cuya estructura está a punto de derrumbarse ante la cantidad de pruebas que determinan que hubo persecución política, manteniendo ilegalmente en prisión a inocentes y otras graves acciones que destruyeron la imagen de la justicia argentina, ya debilitada por su acompañamiento a las dictaduras que asolaron este país.

Organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, sindicales y otras acompañarían la decisión del juicio político contra esta resolución, y hay juristas que proponen llevar el tema ante organismos internacionales, por la gravedad de estas acciones que comenzaron durante el pasado gobierno del ultraderechista Macri, con apoyo de la embajada de Estados Unidos.