Juicio político contra quien resulte responsable por posible desvío de recursos en el Instituto Nacional Electoral (INE), exige una denuncia ciudadana presentada ayer ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La solicitud a la ASF es promover la responsabilidad administrativa sancionadora, y (que) presente las denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político que procedan, derivadas de las irregularidades y el posible desvío de recursos públicos por medio de los fideicomisos que mantiene el INE.

En su contexto, el documento obtenido por La Jornada señala que es un hecho público conocido que el INE ha hecho uso de fideicomisos para eludir el cumplimiento de sus obligaciones en materia de presupuestación, gasto y rendición de cuentas.

En las siguientes líneas se reflexiona sobre los aspectos legales que se ven violentados ante los hechos que, entre otras cosas, han traído como consecuencia la distracción dolosa de recursos de su propósito original en detrimento de los propios fines del instituto, llegándose incluso al negligente absurdo de votar un acuerdo para claudicar en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, antes que ajustar su gasto, detener el uso de sus funciones que por ministerio de ley no le son propias y echar mano de sus supuestos ahorros.

Más adelante se señalan los elementos que determinan la ilegalidad de los fideicomisos denunciados. Advierte que para asegurar la existencia de recursos no ejercidos que puedan ser canalizados a los fideicomisos, el INE sacrifica una adecuada administración, pero lo que es más preocupante: establece esquemas de simulación o triangulación de recursos.

La denuncia indica también que del más reciente ejercicio de fiscalización profunda de los fideicomisos derivaron 15 recomendaciones y tres promociones de responsabilidad administrativa sancionadora.

De esas recomendaciones se advierte que “se identificó un marco regulatorio débil y desactualizado que delega cuestiones que son de la competencia del Consejo General; se identificó que los fideicomisos no han contado con recursos asignados originalmente (situación que a la fecha persiste), por lo que ha obtenido un presupuesto modificado y ejercido mediante adecuaciones presupuestarias derivadas de reducciones en otros rubros de gasto.

Inconsistencias

“Se detectaron inconsistencias financieras en ambos fideicomisos, pues las cifras presentadas en sus estados financieros no coincidieron con las reportadas en el estado del ejercicio del presupuesto.

Y se recomendó fortalecer los mecanismos de control y supervisión, pues aunque se recibieron ingresos excedentes, no se realizó la adecuación presupuestal correspondiente, además de que se constató que el fideicomiso de pasivo laboral realizó pagos duplicados a cuando menos dos personas que no contaban con la documentación necesaria para obtenerlos, lo que generó un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal.

Además, se detectaron 11 adjudicaciones directas que no fueron dictaminadas por el comité de obras públicas y servicios y se detectaron órdenes de pago a proveedores que no contaban con la justificación documental requerida, y se comprobó que el INE recibió obras sin contar con las actas de entrega y de finiquito de los contratos.

Incumplimiento

Más adelante, el documento explica: Visto lo anterior (se habla de todos los puntos de la denuncia que por cuestiones de espacio sólo se mencionan parcialmente aquí), es de concluirse que los recursos que integran el patrimonio de los fideicomisos inmobiliario y de pasivo laboral del INE no sólo no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, sino por el contrario, sus recursos se encuentran en riesgo, han sido distraídos de su propósito original y carecen de elementos que transparenten su ejercicio, por lo que deben ser reintegrados al Estado, que podrá rencauzarlos a su propósito original.

El documento pide que una copia se entregue al mismo INE, por lo que en cualquier momento se deberá tener la respuesta del organismo.

Por lo pronto, en el despacho del auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, ya está el documento que, por otro lado, da razón a las declaraciones que ha hecho mediante las redes sociales el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.