El Tren Maya es uno de los principales proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador; abre paso a la conectividad de cinco entidades del sureste, desplegando un amplio abanico de oportunidades para el desarrollo local y regional. No obstante, su principal debilidad es la baja escala de gobernanza campesina que prevalece en la región, a grado tal que en los centros neurálgicos del turismo se enseñorea otra baja escala, la de gobernabilidad, lo que significa que ambas representan una seria limitación al ciclo de desarrollo que propone impulsar el presidente.
Por estas condiciones el proyecto de mayor equilibrio en la distribución de la riqueza y más incluyente que impulsa el presidente se ve amenazado. ¿De qué manera se puede lograr ese objetivo si de inicio prevalece que ejidatarios y comuneros, dueños de la mayor riqueza de la región, playas y sitios arqueológicos, reserva de suelo para el futuro crecimiento, han sido privados de buena parte del plusvalor que el proyecto agrega a la región por una mafia agraria que les ha despojado a diestra y siniestra los terrenos de mayor valor?
Las recientes escenas de artistas, personajes de los medios y uno que otro especialista, traducen esta realidad; más que datos y análisis robustos, una desmesurada oposición al proyecto. Acaso los ejidatarios y comuneros, mujeres y hombres que han vivido por décadas en ese territorio maya necesitan de la defensa de actores externos, que no han vivido la crudeza de la desigualdad de los últimos 30 años, que no la van a vivir ni disputar cuando el tren o el negocio inmobiliario abren sus territorios al contacto de muchos más por el turismo ampliado y el intercambio de mercancías. La mayoría de los pobladores no sólo está de acuerdo con el Tren Maya; están luchando por el mejor acomodo a su paso.
La disyuntiva es falsa: detener el tren porque “arrasa” con la selva y la hidrología equivale a sostener que los más de 100 años de desigualdad territorial del desarrollo desfavorable al sur las ha mantenido saludables; como si solamente ciertas intervenciones en los territorios las dañaran. No. Toda intervención humana impacta a la naturaleza. El reto es optar por la intervención más inteligente posible, en el sentido de una sobrevivencia siempre de mejor calidad.
El verdadero reto no es elegir entre el desarrollo o la preservación por la no intervención. Nada más hay que revisar la información geográfica de deforestación, cambios de destino del suelo; esa inmovilidad aparente mantiene estancados a millones de campesinos que, debilitados, no han podido defender su territorio del acaparamiento de tierras en pocas manos. Verdaderos latifundios inmobiliarios construidos sobre la base del abandono agrario de las instituciones y de mantener inactivo el potencial transformador que solamente los dueños de la tierra pueden desarrollar para darle a la intervención del territorio (suyo) un verdadero sentido de oportunidad para la mayoría.
El proyecto Tren Maya se ha topado a cada paso con esta terrible dualidad, en algunos sitios soterrada, en otros evidente y empoderada de extensos territorios. Por muchos conocida y tolerada. Este es el estado de excepción al que llegaron las instituciones públicas en México. El Tren Maya ha hecho evidente el saqueo, la corrupción, la connivencia de funcionarios públicos y jueces con “empresarios e inversionistas”. Del otro lado, la debilidad de ejidos y comunidades agrarias que no tuvieron ni han tenido oportunidad de valorar y apropiarse adecuadamente las riquezas de sus propios territorios.
El reto verdadero es que todos nos convenzamos de impulsar el fortalecimiento de los ejidos y las comunidades campesinas, simplemente porque solamente los dueños y pobladores del territorio son idóneos para valorar y proyectar su mejor uso. Es imperioso hacerlo pronto, pues de otra manera su histórica debilidad se impondrá a la hora de la distribución de la riqueza.
Hace meses circula entre los y Comunales de Guerrero una propuesta que integra las principales vertientes de acción pública y social para alcanzar gobernanza local y desarrollo territorial “glocal”, a partir de impulsar el fortalecimiento (empoderamiento) de las autoridades ejidales y comunales; para que las autoridades ejidales de la sociedad agraria nacional, con su patrimonio y cultura propias, se constituyan como unidad básica de planeación para el desarrollo rural integral. Para que, además, con el soporte técnico, tecnológico y financiero necesarios, puedan impulsar un proceso de producción agroecológico, articulado vertical y horizontal por regiones; porque la acción más pertinente es que sean los propios dueños de la tierra quienes cuenten con el reconocimiento y las herramientas para impulsar el cambio de larga duración.
Es quizá esta perspectiva, ausente en el proyecto del Tren Maya, la que contribuirá a mediano y largo plazo a llevar justicia al campo, con un valor adicional relacionado con el ordenamiento territorial y una creciente gobernabilidad y gobernanza. •
