Hasta hace poco, la participación comunitaria de las mujeres ñuu savi consistía en apoyar a su compañero cuando éste desempeñaba un cargo, o cocinar y limpiar en fiestas y eventos. Desde hace cerca de treinta años, las mujeres empezaron a formar parte de comités encargados de clínicas y escuelas de sus comunidades para cubrir la ausencia de su marido cuando éste había migrado; recibieron también encomiendas en el espacio público por programas gubernamentales como Prospera, albergues infantiles y cocinas comunitarias. Más recientemente, en algunas comunidades se nombraba a mujeres (especialmente viudas, madres solteras o con esposos migrantes) para ocupar cargos en los municipios.
Este lento proceso de transformación de los roles femeninos en el espacio público (que también tuvo efectos en lo privado) fue intervenido a finales de la primera década del siglo XXI por la reforma estatal, resultado de luchas feministas a nivel internacional y nacional, que obligaba a los gobiernos municipales regidos por Sistemas Normativos Internos a incluir mujeres en su conformación. El resultado de esta iniciativa fue un significativo aumento en el número de cargos ocupados por mujeres (de menos del 5% a más del 30%).
Este nuevo derecho político tiene implicaciones complejas, pues se trata de una imposición a las comunidades por encima de su autonomía para elegir libremente a sus gobernantes, y de una imposición a las mujeres, que ahora deben de ocupar los cargos como un mandato. Sin embargo, también es una oportunidad para ellas de “irse metiendo en la comunidad”. Así lo expusieron algunas que fueron autoridades en esta zona durante el trienio 2017-2019 (Algunos de los testimonios de estas mujeres pueden mirarse en el video “El dilema de ser mujer autoridad en la Mixteca”, en https://www.youtube.com/watch?v=NhSzEQXO0n0)
La experiencia de estas primeras mujeres autoridades implicó el sufrimiento de entrar en un rígido sistema masculino en un contexto en que los comuneros no lo consideraban útil ni adecuado, y al mismo tiempo alegría por la posibilidad de estar ahí, de hacer algo por su comunidad y de aprender sobre el manejo municipal. A pesar de que se colocó a las mujeres en los cargos con menor poder de decisión y en los considerados femeninos, y de las dificultades a las que debieron sobreponerse, fueron la punta de lanza de una nueva etapa en el proceso de transformación de los roles de género.
Las contradicciones de esta política pública y su puesta en marcha van más allá. Por una parte, al no tratarse de una iniciativa gestada en las comunidades, no respetó sus formas de organización, ni tomó en cuenta los deseos, complicaciones y necesidades de estas mujeres que pasaron de estar impedidas a estar obligadas a participar. Derivado de lo anterior, el sumar esta nueva responsabilidad a las ya muchas que tienen las mujeres en un contexto pauperizado, donde deben de encargarse de todas las labores reproductivas y muchas veces dar dinero a su hogar, conllevó una sobrecarga de trabajo que, para las que eran madres de pequeños, implicó abandonar el cargo o comprometese poco con las labores municipales. Además les significó una batalla constante por defender su honor.
Por otra parte, el desconocimiento del sistema político, sumado a la falta de instrucción y acompañamiento, las hizo sentir que recibían su cargo “con los ojos cerrados y arrastrándose”. No sabían ni cuáles eran sus funciones, ni cómo desempeñarlas, y enfrentaron distintos tipos de violencia política expresada en cuestionamientos, humillaciones, descalificación de sus opiniones y propuestas, limitación de sus funciones, negación o restricción de los recursos para el desempeño de sus tareas, imposición de decisiones, marginación respecto a la toma de decisiones en el cabildo.
El haber sido colocadas de golpe y sin mayor explicación en un sistema político que no estaba pensando en transformarse, obligó a las mujeres, además de a apechugar un sinfín de retos y castigos por estar violando el orden sexogenérico, a hacer política como los hombres, a sumarse a este sistema masculino y, aprender sus formas de hacer política.
El panorama que retratan, además de duro para las pioneras, parece reacio a incluir otras formas de politicidad. Sin embargo algo pudieron hacer ellas en torno al cuidado de la salud y de población en riesgo. Fueron la primera generación de mujeres en ejercer el derecho/obligación a la participación política en sus comunidades. Las acusaron de soñar demasiado por buscar transformar algunas prácticas municipales, y por intentar atender mejor a sus pueblos. Está por verse si, con el paso del tiempo, el haber aceptado esta carga permitirá a otras mujeres profundizar en las grietas que abrieron las pioneras. •