En coyunturas como la consulta de revocación de mandato y otros ejercicios electorales existe el riesgo de que autoridades y funcionarios amenacen a los ciudadanos con perder el acceso a programas sociales si no acuden a votar, advirtió el investigador Máximo Ernesto Jaramillo, del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad.

En entrevista el experto en temas de pobreza señaló que aunque el uso clientelar o electoral de los programas sociales es un fenómeno que ha estado presente de forma histórica desde antes de la actual administración, hay evidencias de que podría estar ocurriendo también durante este sexenio.

Advertencias

Uno de esos elementos, afirmó Miranda, es el lanzamiento de una campaña de carteles que se fijaron en espacios públicos de diversas ciudades donde se afirmaba que en la lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los corruptos, estaban en riesgo las becas a jóvenes y niños, las pensiones a adultos mayores y otros apoyos sociales.

En otro de los carteles que se distribuyeron de forma masiva –con formato de publicidad de lucha libre– se advertía que si la gente no participaba en la consulta de revocación de mandato, los corruptos nos quitarán las becas, los apoyos y las pensiones.

Ese tipo de mensajes eran parte de la narrativa que se estaba manejando, de que estaban en riesgo los programas sociales y había que salir a votar masivamente para evitarlo. Lo que queda como sospecha es qué tanto se habrá manejado en las interacciones personales en las casillas, en las colonias y los barrios por parte de los servidores de la nación o militantes de Morena.

Aunque admite que aún no hay evidencia robusta para hablar de que este tipo de coacción sea generalizada, el investigador recordó también el ejemplo de las cinco personas que murieron el domingo pasado en accidentes automovilísticos, mientras eran transportados para votar en la revocación de mandato, con la promesa de que recibirían ayuda económica.

Instrucción de presiones, en algunos estados

Consultados, servidores de la nación de varias entidades aseguraron en anonimato que nunca han recibido la instrucción de presionar a los derechohabientes a votar para no perder programas sociales, pero otros –específicamente, de Baja California—admitieron que dicha práctica es relativamente común y cada trabajador la aplica si considera que el beneficiario es susceptible a esos comentarios.