l titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez, afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no instaló las casillas que marca la ley en la consulta de revocación de mandato efectuada el pasado domingo porque retuvo mil 360 millones de pesos en sus fideicomisos ilegales. Debe recordarse que el instituto sólo aprobó la instalación de 57 mil 448 casillas, casi la tercera parte de las 161 mil que debió haber dispuesto para garantizar el derecho al voto. Por otra parte, el funcionario criticó que el INE en ningún momento informó a la ciudadanía que participar en el ejercicio de democracia directa es tanto un derecho como una obligación constitucional.

Los señalamientos de Pablo Gómez se suman a los muchos que ha recibido el instituto por su palmaria falta de voluntad en la realización del referendo sobre la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del país. Además de la inaceptable discriminación contra comunidades indígenas, en varios de cuyos territorios no se instaló una sola casilla –y a cuyos integrantes se les privó, en consecuencia, del derecho al voto– , a lo largo de todo el proceso fue visible lo que en el mejor de los casos puede caracterizarse de apatía, y en el peor de sabotaje activo, por la deficiente cuando no inexistente promoción del ejercicio ciudadano por parte del organismo que debió difundirlo, promoverlo y explicar a la ciudadanía la importancia del mecanismo que empodera a la sociedad y le otorga la facultad de remover de su cargo al titular del Ejecutivo.

La acusación del también ex diputado y ex senador es muy grave, pero simultáneamente escueta, toda vez que no detalló los nombres de los fideicomisos ni los de los funcionarios del INE encargados del manejo de los fondos en cuestión y sobre los cuales podría recaer responsabilidad por su uso inapropiado. Cabe esperar que Pablo Gómez amplíe la información a la opinión pública, pero sobre todo que aporte a la Fiscalía General de la República los elementos necesarios para perseguir lo que podría presumirse como un manejo delictivo de recursos del erario. Una vez hecho el señalamiento, lo conducente es que se den a conocer más datos, que se investigue y se finquen o deslinden responsabilidades, siempre de acuerdo con el derecho.

Más allá de los resultados de las eventuales pesquisas, lo claro es que el INE sí tenía los recursos para realizar la consulta como se lo marcaba la ley, y que simplemente decidió no hacerla como debía, con lo que faltó a su obligación de manera ostensible. En este sentido, es necesario tener presente que en enero de este año las secretarías de Hacienda y de la Función Pública le presentaron a la autoridad electoral un plan para lograr ahorros por 2 mil 972 millones de pesos, monto ampliamente superior a los mil 738 millones de pesos que entonces el INE decía requerir a fin de realizar en tiempo y forma la consulta de revocación de mandato. En este esquema se contemplaba la reducción de los fideicomisos a los que parece referirse el titular de la UIF.

A la luz de los acontecimientos, se configura un fallo catastrófico del grupo que controla el órgano electoral, que estaría más preocupado en reservarse cantidades multimillonarias de manera irregular –lo que popularmente se conoce como guardaditos– que en llevar a cabo las tareas que le dan razón de ser.