a salvaguarda procesal de una mayoría calificada, necesaria para determinar la inconstitucionalidad de una ley, permitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretar la validez constitucional de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021. Siete de 11 ministros de la SCJN se decantaron por la ley creada por la pandilla de gobierno de Peña Nieto; una ley hecha para el latrocinio, cuyas bases fueron creadas por Carlos Salinas, sucesivamente perfeccionada para el pillaje por los subsiguientes gobiernos neoliberales. La Comisión Federal de Electricidad readquiere ahora la rectoría de la industria respectiva.

Los siete ministros de la SCJN comparten las aversiones ideológicas de la Coparmex, la que, por su condición neoliberal, no es extraño que repudiara la ley de AMLO que reformó la de Peña. Los empresarios defienden sólo un asunto: sus ganancias, máxime cuando las obtienen a manos llenas sin hacer absolutamente nada, como en el grave caso de: a) fraude a la ley con los permisos de autoabastecimiento; b) los contratos de producción independiente, y c) el despacho preferente de los generadores privados. Extranjeros y mexicanos que desvalijaban al erario no lo harán más.

De acuerdo con esos robos estaba también el clan de los Claudio X., fundadores de Mexicanos contra la corrupción, recientemente señalado por la autoridad por conspirar con otros empresarios –desde Kimberly Clark–, para obtener corruptas ganancias monopsónicas, con los productos que fabrican para niños, mujeres y adultos mayores que padecen incontinencia, tal como lo desveló hace unos días el periodista Álvaro Delgado. El Claudio X. que comanda al PRI, al PAN y al PRD en el seno de la Coalición Va por México y las fracciones en el Congreso de esos mismos partidos, también estaban de acuerdo con los fraudes aviesos de la ley de Peña Nieto.

Es incomprensible que todos los miembros de las fracciones parlamentarias de esos partidos vayan a la retaguardia de unos empresarios diestros en obtener superganancias mediante fraudes. Los electores, hoy más que nunca, se enteran de los actos de corrupción de políticos y de empresarios.

Falta ver el comportamiento de esos partidos en la reforma constitucional para crear un sistema de generación y distribución de la energía eléctrica que: garantice el abasto al conjunto de la población, sin exclusiones; fortalezca a la CFE, dejando a los privados un amplísimo 46 por ciento del mercado y transfiriéndole las funciones del Centro Nacional de Control de Energía y el de las comisiones Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarburos, y que se aplique a procesar la necesaria transición energética, mediante la modernización de las 14 hidroeléctricas actualmente en desuso, y el desarrollo de la planta solar en Puerto Peñasco del gran desierto de Altar, en Sonora. Asimismo, por cuanto es un componente estratégico, la reforma en curso otorga al litio el mismo destino constitucional que al petróleo. El litio es de la nación. Es, por tanto, un recurso público.

Los empresarios de la Coparmex y otros del mismo linaje, así como los políticos e intelectuales a su servicio, han presentado también otros alegatos, propios del credo neoliberal: las reformas a la ley eléctrica hacen de la CFE un monopolio que atenta contra la libre competencia, dicen. Por supuesto, no hay libre competencia donde la industria está dominada por las prácticas abusivas y fraudulentas de los casos a, b, y c, arriba enumerados.

Por si fuera necesario: el artículo 28 constitucional, entre otras cosas, dispone: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Por esta rectoría sobre el fluido eléctrico, el Estado dispone que 46 por ciento de la actividad de la respectiva industria sea aprovechado por los privados.

La CFE no es una empresa orientada al mercado, sino al abasto. No es una empresa mercantil, es una empresa pública. Su objetivo es que todos los mexicanos, incluidos los empresarios, cuenten con la energía que necesiten para sus actividades. Continuará trabajando con precios sociales (o precios de cuenta) sobre los cuales las empresas públicas tienen vasta experiencia. Ello no quiere decir que la CFE trabajará con pérdidas. Lo hará buscando un excedente de operación que permita la reposición de los activos fijos, y sostenga el crecimiento, en este caso, del sistema de generación, transmisión y distribución del fluido eléctrico. También el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) saben sobre la gestión con precios sociales.

La reforma beneficiará a todos los mexicanos.