La iniciativa contra Pedro Castillo obtuvo 61 de 104 votos
Sábado 9 de abril de 2022, p. 19
Lima. El Congreso de Perú, dominado por la oposición, aprobó este jueves una moción no vinculante que exhorta a renunciar al presidente izquierdista Pedro Castillo Terrones, en medio de tensiones por protestas por las alzas de precios.
Luego de más de una hora de debate, el pleno legislativo aprobó la moción presentada por la opositora Rosselli Amuruz, del partido derechista Avanza País, por 61 votos a favor, 43 en contra y una abstención.
La moción, meramente simbólica, fue votada 10 días después de que los opositores derechistas radicales del Congreso fracasaran en su intento de destituir a Castillo al impulsar un juicio político relámpago en el que sólo consiguieron 55 votos de los 87 necesarios.
Las propuestas de vacancia presidencial
se han vuelto costumbre en Perú y causaron la caída de los presidentes Pedro Pablo Kuczynski (derecha) en 2018 y Martín Vizcarra (centro) en 2020. Desde diciembre de 2017, el Poder legislativo ha debatido seis iniciativas de este tipo.
La propuesta aprobada ayer es meramente un exhorto a renunciar de la mayoría parlamentaria. Esto quiere decir que el documento no es vinculante, y por lo tanto, no obliga al mandatario a acatarlo. Es un gesto político sin efecto real
, destacó el portal del diario limeño La República.
La tensión viene creciendo en Perú desde el lunes, cuando ciudadanos molestos por las alzas de precios de los combustibles y alimentos desataron manifestaciones en Lima, Ica y otras regiones, las primeras que enfrenta Castillo Terrones, un maestro rural de 52 años, quien asumió el poder hace ocho meses.
En respuesta a las protestas, el mandatario decretó sorpresivamente un toque de queda diurno el martes en Lima y en el vecino puerto del Callao, que en conjunto albergan a 10 millones de personas, casi un tercio de la población peruana.
La restricción referida fue rechazada por amplios sectores de la población y desencadenó nuevas manifestaciones en Lima en demanda de su renuncia.
El miércoles, un trabajador agrícola de 25 años que participaba en el bloqueo de la ruta Panamericana murió en medio de los choques con la policía en Ica, 300 kilómetros al sur de Lima, y otras 15 personas resultaron heridas.
La confrontación entre Legislativo y Ejecutivo comenzó en 2016 y llevaron a Perú a tener tres presidentes en cinco días, en noviembre de 2020.
Ordena la Coridh no liberar a Fujimori
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ordenó ayer a Lima que no implemente el fallo del Tribunal Constitucional mediante el cual concede el indulto al ex presidente Alberto Fujimori.
El organismo ha resuelto realizar una supervisión por razones humanitarias
de la gracia por razones humanitarias concedida a Fujimori e insta al Estado a no ejecutar lo dictado por los magistrados, según recoge la prensa peruana.
La Coridh ordenó a las autoridadesjudiciales de Perú abstenerse
de ejecutar la decisión del Constitucional argumentando la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta
, matanzas por las que el ex presidente cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal Constitucional de Perú concedió a mediados de marzo la libertad al ex presidente Fujimori, después de fallar a favor del recurso presentado contra la sentencia que anuló su polémico indulto humanitario de diciembre de 2017, en el que se argumentaba su delicado estado de salud. El perdón fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la Coridh sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Miembros del gobierno de Perú apuntaron que recurrirían a la Coridh, y este organismo trasladó su preocupación
ante la decisión de liberar a Fujimori, pues considera que afectaba el derecho a la justicia de las víctimas.
La justicia también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el ex mandatario, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350 mil mujeres y 25 mil hombres de diferentes comunidades indígenas.