La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha acumulado bienes inmuebles por un valor de mil 945 millones 417 mil 291 pesos con 13 centavos.

El número de edificios y terrenos propiedad del máximo tribunal no ha tenido variaciones significativas desde 2018, pese a que en ese año anunció la desaparición de 10 Casas de la Cultura Jurídica, según se dijo entonces, con la finalidad de ahorrar recursos.

En el catálogo de bienes inmuebles de ese órgano, correspondiente a diciembre de 2018, se afirma que ocupaban en ese año en todo el país 57 propiedades, las cuales se desglosaban en 43 casas, siete edificios en la Ciudad de México, así como un predio en Toluca, estado de México.

Además, rentaba otras cinco instalaciones para utilizarlas en las instalaciones jurídicas y usufructuaba otra más en comodato. El valor total de sus propiedades, en ese entonces, ascendía a mil 756 millones 724 mil 631 pesos.

Sin embargo, meses después se anunció el cierre de 10 centros de cultura, según se indicó, para ahorrar más de 81 millones 484 mil 663 pesos al año, ya que el mantenimiento de este programa absorbía hasta 8.2 por ciento de su presupuesto.

Aunque este recorte enfrentó oposición de los trabajadores afectados y de algunos integrantes del gremio jurídico, el cierre se concretó, pero incluyó sólo a siete inmuebles.

Así, el más reciente catálogo de inmuebles de la Corte revela que ahora ocupa 56 propiedades, de las cuales 36 son de las Casas de la Cultura Jurídica.

En este documento se afirma que nueve edificaciones antes ocupadas por la SCJN son ahora administradas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), otros tres –localizados en la Ciudad de México, estado de México y Puebla– también pasaron a formar parte del inventario de la Judicatura, e incluso existe un terreno en la capital mexiquense del que se informa que está en uso de la Fiscalía General de la República.

También se da cuenta de otro terreno propiedad de la Corte, en Tzompantepec, Tlaxcala, del que se afirma está en trámite su fraccionamiento, regularización notarial y su posterior registro ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.