l viernes pasado surgió un hilo de luz –tenue, todavía impreciso, pero al fin y al cabo de luz– en la batalla contra la destrucción ambiental llevada a cabo en Brasil por el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro: el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la Justicia en Brasil, inició el juicio de la llamada agenda verde, constituida por siete acciones relacionadas a temas ambientales archivados en la Corte.

El juicio es considerado histórico. Las acciones acusan el gobierno de amenazar, por actos u omisiones, el medio ambiente, en especial la región amazónica. Uno de los integrantes de la Corte manifestó a la prensa, bajo condición de guardar su anonimato, que si el gobierno es omiso, el Judicial no podrá serlo.

Actualmente, existen en el Supremo Tribunal Federal al menos 80 acciones archivadas –y aceptadas– relacionadas directamente a la política ambiental del gobierno. Es una marca histórica. Las siete que empezaron a ser analizadas son, por lo tanto, menos de 10 por ciento de ese total.

El tema es considerado fundamental, frente al cuadro de devastación propiciado directamente por Jair Bolsonaro, e interesa no únicamente a Brasil, es considerado un asunto de repercusión global.

Las siete acciones bajo análisis cuestionan el desmantelamiento, por parte del gobierno, de instituciones dedicadas a la prevención de la devastación de bosques y de sanción a acciones ilegales. También denuncian decisiones del gobierno consideradas temerarias, cuando no francamente ilegales, en el área ambiental.

La primera de esas acciones acusa al gobierno de haber, de manera intencional, liquidado el plan de acción para la prevención y control de la destrucción forestal en la región amazónica.

Tal plan, instituido en 2004 bajo el gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva logró hasta 2013, gracias a cambios en la legislación relacionada a fiscalización y represión de crímenes ambientales, reducir en 80 por ciento la destrucción forestal.

Eso significa, en números aproximados, que 20 mil millones de árboles no fueron talados y que 5 mil millones de toneladas de carbono dejaron de ser emitidas.

Ha sido, según investigadores, la mayor contribución de una nación en el combate a las causas del cambio climático en el mundo.

En el primer día del juicio en la Corte Suprema de Brasil, los abogados que trabajan junto a los autores de las acciones insistieron en resaltar que la Amazonia, bajo el gobierno de Bolsonaro, está muy cerca de llegar al punto de no retorno de cambios irreversibles.

Es decir, el país está al borde del abismo. Se trata de una muy intensa amenaza al equilibrio ecológico no sólo de Brasil, sino del mundo.

Desde la llegada de Bolsonaro al sillón presidencial, hubo una reducción de casi 83 por ciento en acciones de embargo a actividades de deforestación. También hubo una reducción drástica de 81 por ciento en aprehensiones realizadas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. Y al menos 5 mil condenas por infracciones ambientales fueron deliberadamente olvidadas, y gracias a esa omisión del gobierno están al borde de la prescripción.

Se trata de una acción tan macabra como inconstitucional, cuyo resultado es el aumento no sólo de la destrucción del medio ambiente, sino también de claro incentivo a la impunidad.

De esa manera, se llegó a un escenario lacerante: en 2019, en comparación con 2018, o sea un año antes de la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, se registró un incremento de 76 por ciento en la destrucción forestal en la región amazónica.

En tierras indígenas el aumento alcanzó 138 por ciento en el mismo periodo. Y en las unidades de conservación determinadas por legislación específica fue de 130 por ciento.

Vale reiterar lo siguiente, en los tres primeros años del actual gobierno. El índice de emisiones que provocan emergencia climática superó ya tres veces la meta establecida. Frente a semejante cuadro, tan desesperante como amenazador, la última esperanza es que el Supremo Tribunal Federal cumpla su deber de hacer respetar la Constitución y ponga un freno definitivo a la obsesión de Bolsonaro de destrozar todo, absolutamente todo lo que fue construido a lo largo de décadas.

Ojalá actúe a tiempo, pues el tiempo que nos queda es ínfimo.