Madrid. Con el país al borde de un estallido social, con movilizaciones sectoriales en la ganadería, la agricultura y el transporte por carretera, entre otros, el gobierno español del socialista Pedro Sánchez aprobó por fin el decreto ley del plan de choque contra las consecuencias de la guerra en Ucrania en la economía.

Las medidas que entrarán en vigor a partir del próximo primero de abril y tienen previsto concluir el 30 de junio, aún no incluyen lo que para muchos ciudadanos y pequeñas y medianas empresas es lo más apremiante: mecanismos para reducir los precios de la electricidad, los más altos de la historia y que sólo en un año se han encarecido más de 400 por ciento.

El Consejo de Ministros del gobierno de coalición, integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), se limitó a la aprobación de una serie de iniciativas con las que, sobre todo, se intenta ayudar a los consumidores y dueños de vehículos a sufragar los precios de los hidrocarburos con una bonificación de 20 centavos de euro por litro. El costo de un litro de gasolina se ha duplicado en menos de un año, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania, y pasó de pagarse de 0.89 euros (21.4 pesos) el litro a alrededor de dos euros (48 pesos). Este incremento, aunado al de los altos precios de la electricidad, han disparado la inflación, que supera 7.5 por ciento, y con ello el costo de la vida y de la canasta básica, sin que por otro lado se hayan incrementado los salarios ni se hayan aprobado reducciones fiscales para paliar la sangría en las economías familiares.

El plan del gobierno destinará 6 mil millones de euros en ayudas directas y hasta 10 mil millones más a través de créditos públicos con tasas de interés muy bajas y en condiciones flexibles para las empresas, que servirán sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores por cuenta propia.

Las medidas aprobadas no incluye todavía el plan para abaratar el precio de la electricidad, la medida más apremiante ante el aumento dramático de la pobreza energética del último año. El gobierno todavía tiene que llegar a un acuerdo con Portugal, al tener el mismo mercado y tener que presentar de forma conjunta su propuesta a la Unión Europea (UE), para que finalmente las instituciones comunitarias lo evalúen y lo autoricen.