La ministra Norma Lucía Piña propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la prohibición para que ex servidores públicos que se desempeñaron en mandos superiores puedan trabajar para empresas que regularon, vigilaron o supervisaron desde sus cargos al menos por 10 años.

Este proyecto se discutirá el 4 de abril en el pleno. Se trata de la acción de inconstitucionalidad 139/2019 promovida por senadores de oposición en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Piña plantea la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 24 de la norma impugnada, el cual señala: Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.

Indica que una prohibición tan prolongada no es compatible con el derecho al trabajo, pues si bien la medida puede justificarse, el periodo es desproporcionado, viola el principio de taxatividad y por tanto es inconstitucional.

La intensidad de la restricción al derecho al trabajo no es proporcional al grado de realización que cabe esperar del fin perseguido por la norma, ya que si bien es necesaria puede lograr la finalidad afectando con menor intensidad el derecho fundamental, esto es, una prohibición vigente durante un menor tiempo para proteger esa finalidad.

Se requere una mayoría calificada de ocho votos para que la SCJN declare inconstitucional esta medida.