Martes 29 de marzo de 2022, p. 28
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una carpeta de investigación por el presunto delito de trata de personas en agravio de Carmen, trabajadora del hogar de 80 años, de los cuales 60 ha estado con sus empleadores, quienes la obligan a trabajar 12 horas diarias, le prohíben tener visitas y contar con un teléfono celular, y duerme en el cuarto de productos de limpieza.
Se trata, explicaron autoridades capitalinas, de la primera denuncia en ese sentido ante las condiciones que enfrenta este sector, similares a la trata de personas en su modalidad de explotación laboral, por lo que se creó el violentómetro.
Dicha herramienta define diferentes grados de violencia y discriminación que viven y lo cerca que están de condiciones de esclavitud, a fin de que conozcan sus derechos y denuncien al número telefónico 55 5533 5533.
Hasta el momento suman 20 denuncias por violencia sicológica, económica e incluso física o sexual que viven empleadas domésticas, así como por carecer de contrato, prestaciones, días de descanso, laborar sin salario o ser víctimas de privación de la libertad por temor a que se contagien de covid.
La explotación que sufren es todavía una forma silenciosa de acercarse a la trata de personas con abusos invisibilizados por empleadores que se aprovechan de su necesidad económica y el temor de las víctimas a quedarse sin empleo, solas y aisladas
, afirmaron.
De las empleadas domésticas, 91 por ciento tienen un promedio de edad de 33 años, aunque varias empiezan a trabajar a los 14, con un nivel de escolaridad de primaria y provienen de los estados de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Michoacán.
Denuncian a plaza Antara
En otro tema, la empresa Pontegadea Inmobiliaria SA de CV, involucrada en omisiones y negligencias que derivaron en la muerte de la niña Alcira González en el centro comercial Antara el 17 de agosto de 2019, no se ha presentado a declarar sobre lo ocurrido.
Los abogados de la familia de la menor señalaron que de no comparecer este martes ante la Fiscalía General de Justicia, podría hacerse acreedora a una multa de 48 mil 110 pesos.