stá bien recordar que el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías
y, párrafos adelante, otro apartado señala: la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial
, esto, procesos y sentencias, toca a los jueces. A las autoridades administrativas les compete sancionar las faltas reglamentarias que no constituyen delitos, son violaciones menores como pasarse un alto o no barrer la banqueta de tu casa; ciertamente todo importa, pero mucho más que quien la haga la pague, quien cometa un delito sea sancionado. Eso se esperaba y eso espera la sociedad indignada.
De ello se ocupa el derecho penal. Pero solía suceder que quienes estaban al frente del Poder Ejecutivo atendían demasiados asuntos y los que podrían más detenidamente meditar sobre delitos e inseguridad, los congresistas o parlamentarios, andaban en grillas y negocios, en debates con sus colegas y viendo cómo llamar la atención de los medios. Así que, a uno y a otros, lo que primero se les ocurría ante una racha de delitos graves, cuando la opinión pública se inquietaba y reclamaba, era aumentar los años de cárcel; cuando había un crimen que ocupaba las primeras planas y los noticieros de televisión, de inmediato los legisladores incrementaban la pena por ese delito, de 30 a 50 años, y si ya estaba en 50, pues a 70. Cuando se denuncian secuestros y desapariciones, rápidamente las penas contra secuestradores se van hasta las nubes.
Los delitos deben ser sancionados, de eso no hay duda, debe haber prisiones, códigos penales y jueces severos, también buenos investigadores y policías sagaces y honrados; sin embargo, no es sólo con más policías, más cárceles o más años de prisión con lo que se puede detener la comisión de los delitos.
Investigar cuando se comete un delito, detener a quien lo cometió, presentarlo ante el juez, acreditar que es culpable y sentenciarlo a muchos años de cárcel no será suficiente para cambiar ni la realidad ni la percepción social dañadas por la inseguridad; se requiere algo más. Sí, perseguir, pero también prevenir. Los delitos tienen causas, hay ambientes que los propician; no sirve de mucho detener a un delincuente y dar la espalda a los problemas sociales, económicos, de marginación e ignorancia que provocan la generación de las faltas graves en contra de la colectividad.
Durante muchos años, sólo se pensó en reprimir y no en prevenir; afortunadamente, el actual gobierno, sin descuidar la investigación y la sanción a quienes violan la ley, se ha preocupado también por abatir las causas de la inseguridad y modificar las realidades que generan procesos antisociales.
Los programas de apoyo a las familias, especialmente a los adultos mayores y a las personas con capacidades diferentes, a las madres solteras, a los estudiantes de bajos recursos y otros grupos vulnerables han sido muy útiles para modificar los ambientes donde se cierran las puertas y parece que no queda otra salida que la de la delincuencia (organizada o no). ¿Qué le podemos pedir a un muchacho que está pasando de la adolescencia a la juventud y que no recibe nada de la sociedad? Si no hay escuela para él ni trabajo, sin ambientes en los que perciba solidaridad o disfrute de la cultura, se le cierra el mundo.
Este gobierno tomó el camino correcto. Se creó la Guardia Nacional, se hicieron campañas anticorrupción en el Poder Judicial y simultáneamente se combatieron las causas, se procuró extinguir los caldos de cultivo de la inseguridad que son la marginación, la ignorancia, la pobreza extrema. Todo sirve para cambiar el ambiente propicio al delito y la inseguridad; desde las becas a los estudiantes, el programa Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro.
También cuentan la Cartilla Moral, el buen ejemplo, recordar que la corrupción es como las escaleras, se barre de arriba a abajo. Y dar la cara, explicar, contestar preguntas, debatir, una y otra vez, todos los días. Decir que son mejor remedio para los males de la inseguridad y la violencia los abrazos, en lugar de los balazos; no reprimir y debatir, aun cuando de ambos lados se calienten los ánimos.
La secretaria de Seguridad, una de las valiosas mujeres de este gobierno, Rosa Icela Rodríguez, informó hace poco cómo van cambiando las cosas y las medidas preventivas y correctivas, combinadas, dan sus frutos. Ya se nota el efecto pinzas
, perseguir y sancionar cuando ya se cometió el delito, sin olvidar prevenir para que no se vuelva a cometer. Los resultados fueron puestos a la vista: disminución de homicidios dolosos, de 2015 a la fecha, 26 por ciento; en delitos federales, en lo que va del sexenio, una baja de 33 por ciento, 30 por ciento menos en delitos contra la salud (drogas), fiscales, 22 por ciento abajo y en el fuero común nacional, el flagelo del robo, en todas sus variantes, en febrero de este año, 35 por ciento menos respecto del mismo delito en un máximo de 2017.
