Con el fin de dar seguimiento y atender los resultados de las investigaciones de las autoridades en materia de acción y justicia penal en casos de acoso sexual y agresiones en los planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, director general de esa casa de estudios, se comprometió a ampliar los canales de comunicación con quienes hayan sido víctimas de estos delitos y establecer una mesa de diálogo permanente.

Luego de que estudiantes y activistas de esa institución educativa marcharan este viernes hasta las oficinas de la Dirección General, en el campus Zacatenco, donde exigieron un diálogo directo con la máxima autoridad del Politécnico, su titular aseguró que el instituto no es ni será omiso ante las quejas de violencia de género que se presenten.

En el encuentro, que se realizó a puerta cerrada con un grupo de alumnas víctimas de violencia de género y sus familiares, quienes expusieron sus casos y le solicitaron implementar medidas de protección, acompañamiento y vigilar el debido proceso en cada uno de ellos, Reyes Sandoval reconoció la importancia de la opinión y demandas de la comunidad politécnica para trazar su vida institucional en un ambiente de respeto a los derechos humanos.

Juntas y juntos fortaleceremos la perspectiva de género e inclusión, y erradicaremos la violencia de género en el Instituto Politécnico Nacional, aseguró, en la reunión que se prolongó por más de cuatro horas.

También se acordó realizar un segundo diálogo con Reyes Sandoval en el que participen otras víctimas de violencia de género cometidas por integrantes de la comunidad politécnica. Estamos cambiando y actuando. Sé que es difícil creer en las autoridades, pero hoy en el IPN hay una posibilidad de cambio, les aseguró.

Las jóvenes estudiantes también solicitaron garantizar el debido proceso, con el acompañamiento institucional con perspectiva de género y no tomar represalias ante las denuncias que realicen de agresores vinculados con el IPN.

Entre las resoluciones se incluye también el trabajo conjunto entre víctimas y autoridades para el desarrollo de un protocolo donde se tomen en cuenta las propuestas de las víctimas, alumnas y especialistas en perspectiva de género, en la búsqueda de dar atención y acompañamiento a las alumnas que se acerquen a denunciar.