La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la normalización y profundización de la violencia contra los periodistas en México en el marco de una crisis de inseguridad que prevalece en el país. Tras subrayar que en las primeras 10 semanas fueron asesinados ocho periodistas en México, exhortó al gobierno federal a tomar medidas complementarias a las que ya están en curso para fortalecer la prevención y mejorar la protección de los comunicadores.

En su informe sobre México la relatoría observa con particular preocupación el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en México y reitera que este tipo de ataques vulnera la libertad de expresión tanto en su dimensión individual, como colectiva, ya que afecta el derecho de la sociedad a estar informada y no pueden ser tolerados en una sociedad mexicana.

En el documento de 22 cuartillas subraya que dada la centralidad de la labor periodística en una democracia es fundamental el rol de la comunidad internacional en la condena a esta violencia contra la prensa. “La relatoría llama a reconocer desde las más altas esferas del Estado la legitimidad y el valor del trabajo de los periodistas y a repudiar en todo momento los delitos perpetrados en su contra.

La relatoría observa fragilidad en las garantías a la libertad de expresión en México y recuerda al Estado que quienes ostentan posiciones de liderazgo público están llamados a mantener un discurso favorable y abstenerse de realizar discursos que puedan, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra personas comunicadoras o periodistas.

De igual manera señala que los mensajes de rechazo oficial a la violencia letal contra la prensa se mezclan y confunden en tiempo y espacio con mensajes estigmatizantes que se enmarcan en una compleja sostenida pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación. La relevancia que asignan las autoridades a su conflicto con la prensa, inevitablemente opaca los mensajes de rechazo a la violencia que han emitido, generando que pierdan contundencia, convicción y nitidez que deberían tener en todo momento.

Tras reconocer que México ha instrumentado mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y que desde la vocería de la Presidencia de la República se notificó que el gobierno ha repudiado las agresiones a periodistas y exigir la agilización de las investigaciones, el organismo consideró que las acciones gubernamentales han sido insuficientes.