Durante las audiencias en las que México le ha informado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuáles han sido sus acciones en materia de atención a personas con discapacidad, las respuestas oficiales sobre el tema han sido insuficientes, pues se concentran de forma casi exclusiva en aspectos como el otorgamiento de becas, pero no en el acceso a la educación y el trabajo.

Así lo afirmó Ernesto Rosas, director de vinculación interinstitucional de la Confederación a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual IAP, quien lamentó que las recomendaciones hechas a México en 2014 por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU siguen en gran medida sin atenderse.

Las respuestas de México que han dado en las sesiones públicas que empezaron ayer son insuficientes, porque están aludiendo a ordenamientos o programas, pero no nos queda claro qué tanto éstos han sido efectivos en su ejecución, indicó el experto en entrevista con La Jornada.

Para Rosas, la Secretaría de Bienestar (SB) –instancia encargada de sustentar los informes periódicos ante el mencionado Comité– se ha enfocado en destacar la existencia de becas de apoyo que se otorgan a 3.5 millones de personas, pero ha dejado de lado la falta de programas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la educación y el empleo.

Salvo algunas cuestiones del trabajo del Instituto Federal de Defensoría Pública, creo que el informe no está siendo satisfactorio y niegan la aseveración del propio Comité de que se han tomado medidas asistencialistas, cuando esa es la realidad, subrayó.

Por su parte, en el segundo día de la presentación del informe ante el Comité de la ONU, la titular de la SB, Ariadna Montiel, recalcó que el gobierno de México impulsará una consulta nacional sobre derechos de personas con discapacidad en diciembre de 2022 y afirmó que se trabaja con organizaciones civiles especializadas en el tema en un diálogo constructivo.