Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH), reiteró las recomendaciones de instancias internacionales dirigidas a que el Estado mexicano se aleje del modelo de seguridad militarizada, retire de forma gradual a las fuerzas castrenses de las tareas de vigilancia y transite a un esquema de seguridad ciudadana.

Recordó que relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales y tortura y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU han alertado que mantener un enfoque militar expone a la población a abusos de las fuerzas armadas y de seguridad en un contexto de insuficiente rendición de cuentas en la jurisdicción militar y con retos muy importantes en la justicia civil, situación que impide el enjuiciamiento de efectivos militares acusados de haber cometido abusos graves.

Fernández-Maldonado participó en la presentación de un informe del Centro de Investigación y Acción Social por la Paz, en el que se reconoce la labor de cuerpos policiacos de ocho municipios que han logrado sostener bajos índices delictivos en México: Chihuahua, Chihuahua; Saltillo, Coahuila; San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza y General Escobedo, Nuevo León; Cherán y Tancítaro, Michoacán, y Nezahualcóyotl, estado de México, en el periodo 2010-2020.

Afirmó que la seguridad no es un fin en sí mismo, es el marco que el Estado tiene que garantizar para el libre ejercicio y disfrute de los derechos.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que las policías comunitarias y municipales constituyen un eslabón insustituible en la producción de seguridad, que no puede llenar una fuerza federal con lógica de ocupación territorial.

De acuerdo con el informe, mientras en muchas ciudades y comunidades el crimen y la violencia siguen teniendo impacto dramático en el desarrollo económico, social y territorial, la mayoría de los recursos se asignan a la seguridad. Se prioriza así el uso de la fuerza y la violencia para combatirlos, pero no su prevención y tampoco se toma en serio la colaboración de la ciudadanía.