El crecimiento económico de México durante el último año, insuficiente para compensar el deterioro provocado por la pandemia de coronavirus, se acompaña de una inversión en infraestructura que tanto a nivel general como público no ha logrado recuperar los niveles que tenía tres años atrás, muestra información oficial.

Con cifras de finales del año pasado, la inversión física en el país acumula una caída de 13.8 por ciento durante los últimos tres años, mientras el gasto del gobierno en obra pública se ha reducido 1.6 por ciento real durante el mismo periodo. Mientras tanto, el anuncio de un tercer paquete de proyectos en infraestructura, financiados por el sector privado, se ha postergado por mes y medio.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestra que durante el año pasado el gasto público en inversión en infraestructura alcanzó 2.6 por ciento como proporción del producto interno bruto (PIB), casi la mitad de lo recomendado a escala internacional, y por debajo del promedio de 2.9 por ciento que ha representado durante las últimas tres décadas.

A su vez, el conjunto de la inversión fija bruta en el país –que refiere el gasto en construcción, maquinaria y equipo para la producción también del sector privado– acumula una caída de 13.8 por ciento en el último trienio, según lo reportado por el indicador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Especialistas consideran que atender la falta de inversión es esencial para incrementar el ritmo al que ha venido creciendo el país durante las últimas tres décadas. De entrada, el gasto público en infraestructura tendría que duplicarse para llegar al 5 por ciento recomendado por organismos internacionales.

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), explicó que durante los tres primeros trimestres del año pasado la inversión pública y privada rondó 18 por ciento como proporción del PIB. El primer desafío es llevar esa inversión a 22 por ciento, más o menos el promedio que se tenía antes de 2019, y después hacia niveles de entre 25 y 28 por ciento.

James Salazar, subdirector de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco, expuso aparte que las perspectivas económicas están sustentadas en términos de los niveles de inversión que realiza cada país. De tal manera, las tasas de gasto público en infraestructura por debajo de 3 por ciento, que se han vuelto una constante, explican un crecimiento económico que ronda 2 por ciento.

Datos de Hacienda muestran que el país nunca ha destinado un gasto equivalente a 5 por ciento de su PIB para obra pública y desde 2014 lleva una tendencia a la baja que sólo fue interrumpida cuando la pandemia de coronavirus hundió la economía al mayor nivel en casi nueve décadas. Luego de alcanzar en 2020 el 2.8 por ciento de un PIB más pequeño, el año pasado la inversión pública en infraestructura fue de 2.6 por ciento.

Prácticamente la mitad de esos recursos se recargó en un sector. El gasto en energía pasó de 1 a 1.2 por ciento del PIB, en hidrocarburos lo hizo de 0.8 a 1 por ciento, mientras en los sectores eléctrico y comunicaciones y transportes se mantuvo en 0.2 por ciento.

Aún más bajo fue el gasto en salud y abastecimiento de agua potable y alcantarillado; rubros que, respectivamente, ocuparon 0.1 por ciento del PIB sin variar respecto a un año previo; en educación la inversión en infraestructura fue de cero, mientras otros proyectos no detallados por Hacienda pasaron de ocupar 1.4 a 1.2 por ciento.

El margen fiscal para inversiones en infraestructura es acotado, los recursos son limitados, pero dada la concentración en el rubro energético, y no necesariamente en las actividades más productivas, hay margen para una reorganización del gasto que logre potenciar la inversión del sector público, consideró Salazar.

De la Cruz detalló que dada la insuficiencia presupuestal y los pocos ingresos para que el sector público aumente la inversión por sí solo, se requiere participación privada. En ese contexto son oportunos, aunque insuficientes, los anuncios hechos hace casi un año sobre obras financiadas por la rama empresarial.

Ahora el desafío es que eso se convierta en realidad, que ya se puedan observar proyectos concretos donde se observe una mayor inversión público-privada en todos los aspectos de infraestructura estratégicos: puentes, caminos, energía, telecomunicaciones, vivienda, agregó el director del IDIC.

Tras dos primeros programas de inversión, anunciados hace más de un año, y de los cuales menos de la mitad de las obras están en ejecución, el gobierno federal ha anunciado un tercero que se presentaría a más tardar en enero.