a economía está instalada en un complejo escenario planteado en términos de dos situaciones principales: la alta inflación y el estancamiento productivo.

El impulso inflacionario está muy asentado y las condiciones no permiten prever su pronta reducción. Su origen deriva de las repercusiones generales en los mercados, provocadas por la pandemia y a las que se suman las de la guerra en Ucrania.

Conforme al Inegi, la inflación anual en febrero –medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor– fue 7.28 por ciento; un año antes había sido 3.76 por ciento.

La parte del índice de precios considerada no subyacente, es decir, la que registra los precios de productos agrícolas, energéticos y tarifas fijadas por el gobierno, tuvo una tasa anual de 9.34 por ciento. La subyacente, el conjunto de rubros que usualmente varían en menor proporción, 6.59 por ciento.

La tasa de inflación anual (INPC) muestra una tendencia alcista desde abril de 2020, cuando registró 2.15 por ciento. Esto se combina con una aceleración del índice nacional de precios al productor (INPP), que corresponde al precio fijado por el productor en la primera venta de su producto.

El INPP mide la variación de los precios de la producción, que no su valor (precio por cantidad). Muestra una aceleración desde diciembre de 2020 y en febrero de este año su tasa anual creció 9.83 por ciento, incluyendo el petróleo y los servicios.

El entorno recesivo es ya de larga duración; comenzó en 2019, se agravó por el impacto de la pandemia en 2020 y la recuperación de 2021 dejó el nivel del producto por debajo de lo esperado. El principal factor de contención del crecimiento productivo se relaciona con el insuficiente gasto en inversión pública y privada. Se vincula, además, con las condiciones desfavorables de la productividad general de la economía.

Se impone un momento precautorio en la economía nacional. Se trata de la necesidad de implantar un modo de gestión de los riesgos en condiciones en las que su existencia misma está sometida a la incertidumbre y son difíciles de evaluar.

Se conoce ya que crecen los precios y que su tendencia por un tiempo indefinible será alcista. Se sabe que el crecimiento del producto es reducido y se espera que sea aun más bajo en los meses siguientes. Esto delimita el ambiente negativo existente. No hay las condiciones de contención de los precios, ni las fuerzas que impulsen al crecimiento.

Las circunstancias que caracterizan ambas situaciones son adversas. Dado el entorno externo no hay un conjunto de acciones internas que tiendan a modificar el escenario que se enfrenta. Por el contrario, lo exacerba. De ahí, entonces, la necesidad de un entorno precautorio.

Las empresas privadas están en modo precautorio, mismo que se expresa en la contención actual de las expectativas de rentabilidad y aun de subsistencia. El gobierno habría de definir de modo claro sus tácticas precautorias. La situación aparece especialmente complicada pues, por ahora no hay un reconocimiento suficientemente explícito del problema para enfrentar los riesgos que están en pleno curso ya. Las consecuencias desfavorables van a ser muy severas.

Ante las amenazas de daños esperables y relevantes y sin contar con la información completa, no deberían posponerse las medidas para prevenir de algún modo las secuelas esperables. Las que se están tomando, como el subsidio virtual de la gasolina por la vía de los impuestos, no parecen suficientes.

La inacción no es una opción administrativa ni política. El banco central, que es independiente, gestiona la política monetaria. En ese terreno el principal instrumento con el que cuenta es la tasa de interés de referencia. El subgobernador Esquivel señaló que debe actuarse con cautela con respecto al alza de los intereses. Señala que, dada la incertidumbre reinante, una tasa más elevada no contribuiría ni a contener la inflación y tampoco a alentar el gasto y la expansión del producto. El argumento es razonable.

La parte fiscal le corresponde a Hacienda. Esta instancia no ha dado indicios de tener una posición definida con respecto a qué hacer, es decir, a las medidas a tomar y el momento de hacerlo. Es impensable hoy pretender que el presupuesto preparado hace medio año pueda mantenerse vigente.

En cuanto al impulso productivo no hay nada en el panorama de la política pública. Las ganancias en los ingresos reales derivados de los necesarios aumentos del salario mínimos se están erosionando con la inflación y limitándose por el empleo que tiende a ser de tipo más precario. Las condiciones de los negocios, pequeños y medianos primordialmente, una vez más serán muy complicadas. La población con menores ingresos se pondrá en general en una situación muy vulnerable. Las clases medias están sometidas a una resistencia cada vez más difícil de conseguir.

Un balance explícito de la situación que existe es una necesidad imperiosa. Las repercusiones de la inflación global, más las fricciones internas en la formación de los precios y las relativas a la contención las inversiones están activas. La agravación de las consecuencias de la guerra en Europa están en el horizonte.