La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el uso de bitcóin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa y estimó que, solamente en México, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas blanquean unos 25 mil millones de dólares al año, refiere el informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y el representante de este organismo en territorio nacional, Martín del Campo Sánchez.

El informe fue presentado en conferencia de prensa en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y, según el documento, para no llamar la atención de los bancos, las organizaciones delictivas no superan 7 mil 500 dólares por operación. “Los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing (atomización).

Luego utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcóin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo, y según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones.

Asimismo, refiere el informe que las zonas francas y las empresas de juego siguen utilizándose en el blanqueo de capitales a través del comercio para lavar fondos ilícitos. Los sistemas basados en el comercio actúan como un método paralelo de transferencia de dinero y valor en todo el mundo.

“Los sistemas como la hawala y el mercado negro de cambio, así como el uso de productos básicos como el oro y los diamantes, no están incluidos en muchas de las obligaciones de divulgación de información financiera, por lo que plantean enormes dificultades para las entidades encargadas de hacer cumplir la ley.

A menudo, esos sistemas se basan simplemente en la modificación de los documentos de embarque o de las facturas, cambios que suelen pasar desapercibidos a menos que las entidades de aplicación de la ley de distintas jurisdicciones compartan información y puedan comparar los documentos.