Quien fuera dueño de la Sociedad Popular Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, fue vinculado a proceso por el delito de defraudación fiscal por parte del juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien señaló que hay indicios suficientes para juzgarlo por la posible evasión de 185 millones 41 mil 280 pesos, por concepto del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de 2013.

También se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, debido a que existe el riesgo de que se fugue, pues tuvo que ser extraditado de Estados Unidos, país en donde incluso solicitó asilo, y del cual fue deportado.

El juez consideró que Olvera Amezcua no tiene un domicilio acreditado, pues las dos casas de su propiedad, una en la capital del país y otra en el estado de México, ya fueron aseguradas por la Fiscalía General de la República.

Se hizo constar que cuando los actuarios judiciales visitaron estos domicilios fueron informados de que nadie los había habitado por lo menos en seis años.

Durante la audiencia, que duró más de cuatro horas y media, los agentes del Ministerio Público federal señalaron que el indiciado tiene en su contra otros cuatro expedientes por haber defraudado a cerca de 6 mil ahorradores de Ficrea por más de 3 mil 400 millones de pesos.

Por estos cargos, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutaron una orden de aprehensión contra Olvera, por su presunta participación en el delito de fraude genérico.

El mandamiento judicial fue cumplido al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, tras solicitarse su constancia de reclusión y ficha de identidad.

El hombre de 65 años fue puesto a disposición del juez que lo requirió en el mismo centro penitenciario, quien resolverá su situación jurídica respecto de la defraudación a 6 mil 848 personas, algunas de la tercera edad y unas más que fallecieron de abril de 2015 a la fecha.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, el acusado presuntamente dispuso, además, de 90 millones 423 mil 250 pesos de sus inversionistas para adquirir 11 inmuebles en Acapulco, Guadalajara, estado de México y la capital del país.

Los altos intereses que ofrecía esta sociedad atrajeron a ahorradores, quienes depositaron el patrimonio de toda su vida, pero en 2014 fue intervenida y se anunció su liquidación. En mayo de 2019, fue detenido, en Texas, tras ser puesta en circulación una ficha roja.