La inercia de violencia y asesinatos contra periodistas y defensores de derechos se ha sostenido desde hace 16 años y hasta el día de hoy prevalece, en un contexto donde incluso los gobiernos de los municipios se sienten libres de ser los agresores, lamentó Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En reunión con la comisión homóloga de la Cámara de Diputados, hizo hincapié en que entre 40 y 45 por ciento de las agresiones provienen de autoridades locales, principalmente desde los municipios, y 30 por ciento del crimen organizado, en un fenómeno que se concentra en cinco estados, pero con altos índices en Guerrero y Veracruz.

El funcionario informó que esta semana, por medio de dicha comisión, se presentará una iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda legislar en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que haga corresponsables a los gobiernos locales.

Detalló que Gobernación ha podido documentar que, desde el sexenio de Felipe Calderón y hasta los primeros tres años del de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 252 periodistas. Con Calderón se cometieron 101, en el mandato de Enrique Peña Nieto 96 y en la actual administración han ocurrido 55.

El aumento de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos es un componente más de la crisis de derechos humanos que el gobierno federal ha reconocido, puntualizó el funcionario.

Citó como un caso emblemático el del periodista Alfredo Jiménez Mota, de El Imparcial, desaparecido desde el 2 de abril de 2005 y de quien no se tiene noticia de su paradero ni se ha detenido a los responsables y mucho menos se ha obtenido una sentencia.

Irazoque Palazuelos señaló como uno de los principales factores que genera las agresiones es la impunidad. De los 55 asesinatos cometidos en lo que va de este gobierno, dijo que sólo se ha logrado una sentencia en seis casos, mientras que de los 98 defensores de derechos humanos ultimados sólo hay sentencia en dos, una impunidad de 89 y 99 por ciento, respectivamente.

Planteó a los legisladores la política actual que no vincula a estados y municipios en el mecanismo de protección, pues citó que la ley vigente no ha alcanzado su total ejercicio por falta de colaboración y ausencia de vinculación a las autoridades locales.

Aseveró que una vez que se modifique el artículo 73 constitucional, Gobernación presentará una iniciativa de ley general que surgirá de opiniones de familias, víctimas y de periodistas y defensores de derechos humanos.