La legalización de vientres de alquiler o gestación subrogada es una forma de trata de mujeres. Hay toda una industria alrededor de esta actividad en la que participan desde médicos hasta notarios y se busca a las mujeres pobres para mercantilizar sus cuerpos. Se estima que en el país al año se venden unos 5 mil niños y aunque sólo en Tabasco y Sinaloa está legislada, es una práctica ilegal que se da a escala nacional.

Esto señaló la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (Catwlac, por sus siglas en inglés), que llamó a evitar que se legisle esta práctica, ya que hay iniciativas en el Congreso de la Unión y en el de la Ciudad de México.

Teresa Ulloa, directora regional de la coalición, sostuvo que legislar sería fomentar la trata de mujeres y la explotación reproductiva a través de vientres de alquiler, úteros sustitutos o maternidad subrogada, algunos de los nombres que se le da a esta práctica que se disfraza como ejercicio de derechos o supuesta autonomía.

La gestación subrogada pone a disposición de terceras personas el uso y explotación de mujeres para gestar a niños que serán entregados a gente que los ha encargado, se usa a las mujeres para satisfacer deseos de otras personas.

Además, intervienen empresas de reproducción humana, agencias, personas reclutadoras, notarios públicos, profesionales de la medicina, es un sistema económico que depende de las mujeres como medios de producción. En el contrato se le exige a la mujer ceder a sus hijos y esto resulta inadmisible.

En un pronunciamiento, la coalición sostuvo que toda reglamentación en esta materia representa un contrato en el que se exige a las mujeres la renuncia al derecho fundamental a la filiación de sus hijos e hijas y su cesión a terceros, lo cual resulta inadmisible en el marco del reconocimiento de los derechos de las mujeres y de la niñez en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestros países.