La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que todos los acusados de ultrajes a la autoridad puedan salir en libertad, luego de que aprobó dar efectos retroactivos a su decisión de declarar inconstitucional ese delito, tipificado en el artículo 331 del Código Penal de Veracruz.

Un informe de la fiscalía estatal presentado ante el Congreso veracruzano indicó que hasta el mes pasado mil 33 personas estaban detenidas por dicha transgresión.

El pleno de la SCJN aprobó también la propuesta del ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, de invalidar la fracción tercera del citado artículo 331, lo que dejó sin contenido alguno el tipo penal.

La declaración de invalidez se emitió con efectos retroactivos al 12 de marzo de 2021, cuando entraron en vigor las reformas al Código Penal de Veracruz, de tal forma que quienes hayan sido arrestados, estén bajo proceso o sentenciados por ultrajes a la autoridad podrán solicitar su liberación inmediata.

El proyecto aprobado el lunes ordena notificar a todas las autoridades de impartición o procuración de justicia que puedan tener bajo su jurisdicción casos de personas imputadas por este delito para que resuelvan con base en el criterio aprobado por la SCJN y dejen sin materia los cargos presentados.

Para el eficaz cumplimiento, se propone también notificar al titular del Poder Ejecutivo y al Supremo Tribunal de Justicia, ambos del estado de Veracruz, a los tribunales colegiados en materia penal del séptimo circuito, así como a los tribunales unitarios del propio séptimo circuito y a los juzgados de distrito y al Centro de Justicia Penal Federal que ejercen jurisdicción en el séptimo circuito, y a la Fiscalía General de esa entidad, señala la sentencia.

En este contexto, los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en el Senado, Julen Rementería y Clemente Castañeda, respectivamente, deploraron la decisión del gobernador Cuitláhuac García de pasar por encima de la resolución de la Corte, al pretender instaurar de nuevo el delito de ultrajes a la autoridad sólo con cambiarlo de nombre.

Aparte, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, sugirió a su correligionario García privilegiar el respeto a los derechos humanos. Ya la Corte le ha enmendado la plana a García y al Congreso del estado, y ahora tendrán que actuar, porque si no lo hacen en beneficio de quienes están detenidos y procesados por ese delito, van a incurrir en desacato.

Mientras, abogados integrantes de la organización Movimiento por la Justicia, creada para defender a personas aprehendidas arbitrariamente por la administración estatal que García encabeza, señalaron ayer en Xalapa que los jueces deben girar de oficio órdenes para liberar a los arrestados por ultrajes a la autoridad.