uenas tardes, hijo, soy el padre Jorge. No conozco a ningún padre Jorge, respondió el interlocutor. Hijo, serénate, soy el papa Francisco. Eso escuchó en 2014 al otro lado del teléfono el joven que le había escrito una carta para denunciar años de abusos por un grupo de religiosos de la diócesis de Granada, España. Francisco informó después que ordenó una investigación sobre ese y otros posibles casos, porque sentía que la Iglesia no debía ocultar la verdad.

Fue el inicio de otro escándalo protagonizado por sacerdotes católicos, destacado por los principales medios del mundo. Detuvieron a tres sacerdotes y a un seglar, profesor de religión. Luego de declarar ante la justicia, quedaron en libertad con cargos.

Desde entonces son más de 300 las denuncias sobre abuso sexual cometido por curas contra menores en seminarios y otros sitios controlados por la Iglesia católica de España, que goza de numerosas prebendas del erario. Es la que miró a otro lado cuando el depredador Marcial Maciel hacía de las suyas y estableció allí una importante sede de Los Legionarios de Cristo.

La misma que apoyó incondicionalmente durante 40 años al dictador Francisco Franco y le ayudó con su silencio y, en ocasiones a exterminar a los enemigos del cristianismo y de España, especialmente, a todo aquel sospechoso de ser comunista o pertenecer a la masonería.

En abierta rebeldía contra el Papa y otras instancias del Vaticano, esa Conferencia Episcopal se ha negado a investigar la pederastia clerical. Alega entre otras cosas, que los posibles delitos ya prescribieron y/o que las denuncias hacen parte de una campaña para desprestigiar a la Iglesia, visión con la que no están de acuerdo varios prelados.

La Conferencia sostiene, además, que carece de veracidad la información aportada por el diario El País, el cual documentó los delitos cometidos contra menores por 251 sacerdotes, religiosos y algunos seglares. Y en el colmo, la influyente presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, dice que los abusos cometidos por el clero son errores, no delitos.

Recientemente, el Congreso español anunció una posible investigación parlamentaria de los abusos, mientras la Fiscalía General del Estado decidió hacerse cargo de las denuncias presentadas ante las autoridades competentes. ¿El principio del fin de la impunidad clerical?