En una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, el profesor José González Figueroa, de 80 años de edad y con más de 50 años de servicio, demandó el cumplimiento del acuerdo establecido con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para su reinstalación, a casi tres años de que se le asignara un centro de trabajo, tras lo que se congeló el proceso para recuperar su plaza base, que ostentó por más de cuatro décadas como maestro de historia en secundaria.

El abogado Humberto Oseguera, apoderado legal del docente, señaló que se solicita al Ejecutivo que haga cumplir la reforma al artículo tercero constitucional, por la cual se abrogó la Ley General del Servicio Profesional Docente, por lo que quedan sin efecto todos sus actos de aplicación, restituyendo sus derechos laborales al derecho al trabajo del profesor.

González Figueroa dijo que la SEP lo cesó de su plaza base con el argumento de faltas injustificadas, con base en la Ley General del Servicio Profesional Docente. En muchas ocasiones expliqué que fui requerido por autoridades competentes para concluir un juicio de amparo contra la tarjetización del salario de los docentes, juicio que gané. No fueron faltas injustificadas, la autoridad educativa sabe que debía presentarme a la realización de estos trámites.

Pese a ello, indicó, se me aplicó un cese injustificado que me privó de mi fuente de empleo y salario, dejando en la desprotección total a mí y a mi familia. Señaló que incluso la SEP reconoce su error y nos convoca a varios compañeros para asignarnos un centro laboral, donde seríamos reinstalados. Nos dan hasta el nombre de la escuela y, de pronto, todo quedó suspendido. Vino un cambio de funcionarios que mantienen congelada la reinstalación, argumentando que está justificado el cese, es decir, volvimos al punto de partida.