La reforma para prohibir en México los plaguicidas peligrosos no pretende perseguir a las empresas ni destruir la economía de nadie, sino proteger a la agricultura, a los productores, al medio ambiente y a las abejas por su papel preponderante en la polinización, explicó el diputado Eduardo Murat Hinojosa (PRI).

El jueves, la cámara aprobó por unanimidad de 478 votos modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para impedir el uso en el campo de plaguicidas altamente peligrosos, sustancias o compuestos químicos prohibidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Es histórico. Acabamos de dar un gran paso, expresó en entrevista, donde explicó que la industria cuenta cuatro años para desarrollar plaguicidas sustitutos y más ­sustentables.

Cuando hablamos de plaguicidas, se trata de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fumigantes. En México se utilizan 180 plaguicidas altamente peligrosos, con registros sanitarios vigentes, y de ellos 140 están en listas de los prohibidos en otros países, expuso.

Aunque ya se aprobó por los diputados, falta la revisión en el Senado, donde también se hará un cabildeo legislativo para que se apruebe, indicó.

Murat Hinojosa, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y secretario en la de Relaciones Exteriores en San Lázaro, agregó que, aun cuando la iniciativa se presentó desde el 5 de octubre de 2021, fue hasta la víspera de que el dictamen se votara en comisiones, que las empresas se acercaron para presentar sus observaciones.

El principal argumento fue que se afectaría a la industria. No obstante, de lo que se trata no es prohibir todos los plaguicidas, sino la utilización de los que son altamente peligrosos o aquellas sustancias o compuestos prohibidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, explicó.

Con ello se cumple la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 26 de diciembre de 2018, en respuesta a quejas recibidas en 2017 contra el gobierno mexicano por la existencia de registros de plaguicidas vigentes que contienen sustancias activas prohibidas en otros países y en tratados internacionales debidamente ratificados por México.

Esto es, la CNDH sí determinó que en el marco jurídico mexicano se permite la comercialización y uso de plaguicidas de alta toxicidad, recordó.

Explicó que la reforma incluyó dos nuevas fracciones al artículo tercero de dicha ley, para incluir la definición de plaguicida y de plaguicidas altamente peligrosos. Asimismo, agregó el principio de precaución, como parte de los preceptos a observarse para formular y conducir la política ambiental, así como en la expedición de normas oficiales e instrumentos legales.

Murat Hinojosa, quien se ha especializado en materia de defensa del planeta, citó que el Convenio de Róterdam prohíbe 35 plaguicidas y México ha impedido la importación de 20, permite el intercambio con sujeción a determinadas condiciones para 10, pero no se ha pronunciado sobre el resto.

Mientras, agregó, el Convenio de Estocolmo prohíbe 17 pesticidas y México sólo se ha adherido a ocho.

La relevancia de disminuir el uso de plaguicidas altamente peligrosos es tal que estudios de la Organización Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial han documentado la conexión entre las sustancias químicas y el desarrollo del cáncer, de Alzheimer, defectos en recién nacidos y daños al sistema nervioso y reproductivo, concluyó.