ambian las administraciones de republicanos y demócratas en la Casa Blanca, pero las estrategias de tensión y desestabilización sistemática del Estado profundo (la estructura secreta que se sitúa por encima de las apariencias democráticas y a espaldas de la opinión pública estadunidense) contra países considerados enemigos
de Washington, permanecen. Una constante en las últimas dos décadas han sido las políticas de cambio de régimen
contra Venezuela. Objetivo: el petróleo. Y eliminar un modelo político alternativo a la dominación estadunidense en América Latina y el Caribe.
En la coyuntura, siguiendo el esquema del conflicto ucraniano en Europa, la administración demócrata de Joe Biden continúa la política de su antecesor, el republicano Donald Trump, utilizando a Colombia como plataforma para la agresión a Venezuela. Desde finales de 2021, Washington ha venido utilizando al gobierno cipayo de Iván Duque, en la activación de líneas de tensión en la frontera del río Arauca entre Colombia y Venezuela, importante región geopolítica y geoestratégica por ser acceso a reservas de petróleo y gas, agua dulce, minerales, biodiversidad y otros recursos naturales.
La sucesión de hechos violentos provocados por grupos armados no estatales colombianos infiltrados en el Estado venezolano de Apure, fronterizo con el departamento de Arauca, Colombia, busca atraer al gobierno de Nicolás Maduro a una guerra similar a la que la OTAN ha estado provocando en la frontera entre Rusia y Ucrania. Al respecto, no se puede ocultar la profunda relación existente entre el gobierno del uribista Iván Duque con los grupos narcoparamilitares Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Águilas Negras −bajo supervisión de la DEA y del embajador de EU, Philip Goldberg, quien desestabilizó a la ex Yugoslavia en 1999 y fue expulsado de Bolivia en 2008 por conspirar contra el gobierno de Evo Morales−, parecida a la que sostiene el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, con grupos paramilitares neonazis.
En 2013, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suscribió un acuerdo con la OTAN como socio global
(o “extra OTAN), erigiendo al país sudamericano en un caballo de Troya regional de esa fuerza militar multinacional comandada por Estados Unidos, que se atribuye al derecho de intervenir en cualquier parte del mundo.
En enero pasado, el ministro de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, denunció la proyección latinoamericana de la OTAN, con Colombia y su red de bases militares como peón
, y la presencia cada vez más resuelta de medios castrenses y navales de la alianza atlántica en el área de influencia
de Venezuela. Padrino se refería no sólo al acuerdo entre Colombia y la OTAN, sino también al segundo entrenamiento conjunto entre militares de Brasil y Estados Unidos, en el marco de la iniciativa CORE (siglas en inglés de Operaciones Combinadas y Ejercicios de Rotación), firmada en octubre de 2020 para aumentar la interoperabilidad
entre sus ejércitos.
Las recientes revelaciones sobre las maniobras militares del Ejército argentino en 2019, para una invasión a Venezuela bajo el mando del Comando Sur del Pentágono, vienen a demostrar que Trump y su trío de sicópatas: John Bolton, Mike Pompeo y Elliot Abrams, estuvieron a punto de generar un conflicto bélico en el corazón de América del Sur. En esa coyuntura, tras la fabricación del títere Juan Guaidó como presidente encargado
de Venezuela (reconocido por el entonces presidente argentino, Mauricio Macri) y en el marco de una campaña de intoxicación mediática propagandística, típica de la guerra híbrida y/o de cuarta generación −que empleó recursos diplomáticos, militares, de inteligencia y económico-financieros−, Washington, con apoyo de la OTAN y el Grupo de Lima, intentó derrocar al gobierno legítimo de Maduro mediante un fracasado golpe de Estado que sería seguido por una intervención humanitaria
de algunos ejércitos del área. Una maniobra imperial para tercerizar la guerra, donde la tarea del Ejército argentino era garantizar la seguridad de un corredor humanitario
en la frontera de Colombia y Venezuela, mientras su homólogo brasileño cubriría el corredor desde las ciudades de Boa Vista y Pacaraima, en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela.
Como parte de la actual estrategia de tensión, no es ajeno a Washington el foro anticomunista organizado el pasado fin de semana en Bogotá, por el ultraderechista partido español Vox, con participación de sectores conservadores de varios países del área y disidentes cubanos y venezolanos. Como tampoco lo son los encuentros patrocinados por la red de lobbies ultracapitalistas Atlas Network (Red Atlas), que apoya a los presidentes Duque, de Colombia, y Guillermo Lasso, de Ecuador, así como a la Fundación Internacional para la Libertad, del escritor Mario Vargas Llosa, y la Fundación Friedrich Naumann de Alemania.
Esos encuentros son utilizados por los círculos de la inteligencia estadunidense para fabricar y potenciar operadores mediáticos que sirven a sus campañas de desestabilización contra Venezuela, Cuba, Bolivia, México y Nicaragua. A manera de ejemplo, está el caso de Agustín Antonetti, joven argentino de 21 años, promovido por la Red Atlas en varios medios regionales (Infobae, CNN Radio Argentina, el diario fujimorista Expreso, de Perú) y nombrado la personalidad del año de la Fundación Libertad, ligada a Macri, quien ha tenido un peso importante en las campañas en Twitter contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la etiqueta #AMLOVeteYa; contra el gobierno cubano con #SOSCuba y #15NCuba ; antes y durante el golpe de estado contra el ex presidente de Bolivia Evo Morales con #EvoDictador) y el actual Luis Arce #SOSBolivia.
En ese contexto, Estados Unidos busca reposicionar la narrativa de Venezuela como Estado fallido
, y utilizando al narcotráfico colombiano como punta de lanza, generar un conflicto multiforme en el eje fronterizo colombo-venezolano, que justifique la presencia de la OTAN con la difusa doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P).
