La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dio a conocer ayer una nueva declaratoria de utilidad pública de 231 terrenos, que abarcan un total de 530 hectáreas ubicadas en Quintana Roo, las cuales serán destinadas a la construcción de infraestructura para el Tren Maya.

En la edición de ayer del Diario Oficial de la Federación, la dependencia publicó que este nuevo aviso involucra un total de 5 millones 355 mil 394.52 metros cuadrados de propiedad privada, ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum.

El documento de Sedatu enfatizó que el tramo 5 del Tren Maya (dividido en una sección Norte, que va de Cancún a Playa del Carmen, y una Sur, de Playa del Carmen a Tulum) traerá beneficios a quienes actualmente habitan y trabajan en los municipios mencionados.

Lo anterior, aseguró la dependencia, porque con el aumento de la conectividad en la zona, su población contará con mayor acceso y en menor tiempo posible a los servicios de salud, educación, servicios deportivos y en general a todos los servicios que se prestan en los principales centros de población.

Como se informó en este diario, la declaratoria de ayer se suma a la que realizó la Sedatu el 17 de enero pasado, que involucra a 198 predios, con una superficie total de 240 hectáreas.

Expropiación concertada

Aunque en un principio se mencionó que dichos terrenos serían expropiados, el titular de Sedatu, Román Meyer, aclaró que la adquisición se realizaría a través de un esquema de expropiaciones concertadas con los dueños.

En una nota informativa que emitió ayer mismo, la Sedatu confirmó que el gobierno de México comprará los predios necesarios para la construcción del Tren Maya. Esta declaratoria de utilidad únicamente señala las fracciones de los inmuebles que pueden ser utilizados para la construcción del proyecto y no implica en ningún momento expropiación inmediata.

De igual forma, la dependencia puntualizó que hoy se tienen acuerdos con propietarios de 70 por ciento de los predios para que el gobierno federal compre los inmuebles. El 30 por ciento restante está en proceso de negociación, por lo que, en caso de que la expropiación sea necesaria, se realizará sobre aquellos inmuebles cuyos titulares se desconocen.