La escasez de recursos naturales en Europa y las disputas entre franceses y alemanes por enclaves estratégicos como Alsacia y Lorena supuso un cambio radical en la política expansionista europea hacia el continente africano. En 1885, bajo las órdenes del otrora canciller alemán Otto Von Bismarck, las potencias europeas se reunieron en Berlín para el reparto de África. Si bien dichas potencias coloniales ya estaban presentes en el continente africano desde finales del siglo XIX, no fue hasta la Conferencia de Berlín que acordaron el reparto del continente, forzando así la realidad de unas fronteras artificiales que nada tenían que ver con la realidad de las tribus y etnias que allí vivían, generando grandes conflictos que, alimentados por la explotación de los recursos naturales, siguen vigentes hasta nuestros días.
La Conferencia de Berlín no solo no frenó la competición geopolítica, sino que abrió una nueva era de imperios, en la que el imperialismo europeo se extendió por todo el continente africano. Pero en ningún momento ayudó a frenar las disputas entre los países europeos por sus nuevas posesiones, como pasó en 1898, cuando España perdía sus últimas posesiones en Cuba y Filipinas; el Reino Unido y Francia protagonizaron el incidente de Fachoda, en el actual Sudán del Sur, donde chocaron en sus intentos por conectar sus respectivas zonas de influencia, y en 1911 Italia arrebató Libia a los otomanos.
En plena vorágine colonial, España pasó a controlar el Sáhara Occidental, un territorio que atesora en su subsuelo una ingente cantidad de recursos naturales, entre los que se destacan las mayores reservas de minerales estratégicos como los fosfatos, uno de los caladeros de pesca más importantes del mundo, reservas de hidrocarburos, hierro, cobre, uranio y minerales de tierras raras, entre otros. Dada la importancia estratégica del territorio, a partir de 1958 las autoridades de Madrid pasan a llamar al territorio saharaui como la provincia del Sáhara o provincia número 53, dentro de la nueva distribución político-administrativa de España.
Con el surgimiento y auge de los movimientos de liberación nacional en todo el continente africano y la aprobación de la Resolución 1514 relativa a los procesos de descolonización en seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, se abre una nueva etapa para la presencia española en el territorio, caracterizada por el nacimiento del primer movimiento de liberación saharaui bajo el liderazgo de Mohamed Sidi Brahim Basiri. Las autoridades españolas intentaron neutralizar las ansias de independencia de la población saharaui creando un partido afín a los intereses de Madrid, denominado Partido de Unión Nacional Saharaui (PUNS), al tiempo que aumentan la persecución contra la población saharaui, actos que conducen a la desaparición del líder del movimiento de independencia. En respuesta a este aumento de hostilidades por parte de la administración española, es que nace en 1973 el único y legítimo representante del pueblo saharaui, el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y el Rio de Oro (Frente POLISARIO).
Ante la presión diplomática, los problemas internos relacionados con el fin del régimen de Francisco Franco y el constante hostigamiento al que estaban sometidas las tropas españolas acantonadas en el Sáhara Occidental, Madrid opta por negociar el reparto del territorio saharaui con Marruecos y Mauritania, sin el consentimiento de la población saharaui y en contra de los principios de las Naciones Unidas que reconocen el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia.
El 14 de noviembre de 1975, se firma el Acuerdo Tripartito de Madrid, a través del cual España transfiere el control del territorio a Marruecos y Mauritania. Dichos acuerdos han sido criticados por el secretismo y sus contradicciones legales con el derecho internacional. Según la carta de las Naciones Unidas, la descolonización debe llevarse a cabo mediante un referéndum de autodeterminación o, en su defecto, se cederá la administración a la propia ONU. En cambio, España transfirió su responsabilidad como potencia administradora de forma unilateral. Por ello, ni la ONU, ni la Unión Africana reconocen el acuerdo, y hasta el día de hoy el territorio saharaui sigue siendo un territorio pendiente de descolonización, figurando en la lista de los dieciseis territorios no autónomos reconocida por las Naciones Unidas.
A partir de entonces el pueblo saharaui, bajo el liderazgo del Frente POLISARIO, desarrolló una guerra por la supervivencia y el derecho de existir contra los nuevos colonos, Marruecos y Mauritania. Después de numerosas derrotas en una guerra relámpago, Mauritania se vio obligada a retirarse de la contienda y a reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Por otro lado, en Marruecos el entonces rey Hasán II, se enfrentaba a una grave crisis socioeconómica que le llevó a sufrir dos intentos de golpes de estado al inicio de los años setenta. Para enfrentar estos problemas, la solución fue crear un nacionalismo con base en la idea del “Gran Marruecos”. Después de la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia el 16 de octubre de 1975, en la que quedó claro que ni Marruecos ni Mauritania tienen vínculos o soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental, el rey Hasán II ordenó la marcha verde el 6 de noviembre de 1975. Como consecuencia de la marcha, y en un intento de aniquilar a la población saharaui, Marruecos usó armas de destrucción masiva como el Napalm y fósforo blanco.
Con el intento de anexión del Sáhara Occidental, la monarquía marroquí persigue dos objetivos importantes para la supervivencia de la misma entidad monárquica: la primera es la de enviar a los militares lejos del palacio real, debido principalmente a que todos los intentos de golpes de estado llevados a cabo contra el rey, vinieron de la mano de los altos mandos militares en la década de los setenta del siglo pasado.
El otro objetivo importante es la explotación de los recursos naturales del territorio. Para ello, Marruecos aplica la política del expolio de recursos naturales saharauis con la ayuda y colaboración de grandes holdings financieros internacionales que están dispuestos a beneficiarse del potencial de recursos existentes en el territorio, y de las ventajas fiscales que reciben.
Dentro de los recursos naturales que más explota Marruecos en el Sáhara Occidental, destacan por su importancia geoestratégica la pesca: más del 88% de las exportaciones pesqueras que realiza Marruecos provienen del territorio saharaui, de las cuales el 86% de las capturas de pulpo tienen como destino el mercado europeo, asiático y latinoamericano. Otro recurso importante lo representa la arena: gran parte de los áridos que se emplean en la industria cementera o bien en la industria turística para el relleno de playas de las Islas Canarias, es extraída del subsuelo saharaui.
Dentro de los recursos minerales destacan los fosfatos por su importancia estratégica a nivel global. En el Sáhara Occidental se localiza la mina de fosfatos a cielo abierto más importante del mundo, tanto en términos de cantidad como de calidad del recurso. Ante la creciente demanda internacional de estos recursos, especialmente en mercados como China, India, Nueva Zelanda, México, Canadá o Brasil, Marruecos ha sabido capitalizar la venta y expolio de este recurso saharaui para asegurar retornos netos importantes a sus arcas públicas en contra del derecho internacional.
Uno de los recursos de mayor importancia y que a su vez genera un impacto social y medioambiental relevante es el agua; el territorio del Sáhara Occidental cuenta con grandes acuíferos que almacenan agua desde los últimos periodos glaciares. En la actualidad, estas reservas de agua subterránea están siendo sobreexplotadas y sometidas a un constante estrés hídrico por parte de empresas marroquíes del sector de la agricultura, especialmente de los tomates. Es tal el impacto que se está generando, que los niveles de intrusión salina están alcanzando hasta los 60 kilómetros desde la línea de costa.
Bajo el Derecho Internacional Humanitario, Marruecos es la potencia ocupante responsable de garantizar los derechos de los saharauis. El mismo derecho internacional afirma que las potencias ocupantes no pueden disponer de los recursos que pertenecen a la población del Sáhara Occidental. Al pueblo saharaui le asiste el derecho y la legalidad internacional para defender su soberanía y sus recursos naturales, y Marruecos tiene que entender que “entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. •