Ante la urgencia para reactivar la economía por la pandemia de covid-19, en la elaboración de los lineamentos para el programa Ciudad al Aire Libre no se previeron los reclamos de la gente por la ocupación de lugares públicos, sanciones ante abusos ni mecanismos de solución de conflictos entre vecinos y establecimientos mercantiles dedicados a la venta de alimentos preparados, afirmó el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA), Andrés Ángel Aguilera Martínez.

Al participar en el foro Ciudad al Aire Libre, organizado por la Comisión del Espacio Público del Congreso local, el magistrado consideró que la regulación del programa mediante reformas a la ley y la normatividad no será fácil y requerirá del consenso de todas las partes involucradas.

De alguna manera tenemos que ir entendiendo que vamos a generar acuerdos como sociedad y que en algún momento se verán plasmados dentro de la legislación.

Agregó que el órgano jurisdiccional administrativo es sensible a esa situación: Estamos conscientes de que la situación va a cambiar y de que van a suscitarse nuevas controversias derivadas del actuar de la autoridad, va a haber reclamaciones de molestias y afectaciones por parte de los vecinos y las organizaciones, así como de los propietarios de los negocios que buscarán evitar perder lo ganado, aun cuando generen situaciones de molestia.

Pandemia cambió relación entre vecinos y negocios

Aguilera Martínez explicó que la pandemia vino a cambiar la forma en la que nos correlacionábamos, seamos vecinos o dueños de establecimientos, y la legislación que se aplica para que la autoridad realice sus funciones de verificación y el TJA resuelva los recursos no han variado, es la misma desde antes de la emergencia sanitaria.

Consideró que la reforma que se llegue a plantear para dar certeza jurídica a los vecinos, los empresarios y a las autoridades administrativas y jurisdiccionales tendrá que considerar los derechos de los ciudadanos, las sanciones ante abusos, los mecanismos de solución de conflictos y las competencias exclusivas y concurrentes de la administración central y las alcaldías, entre otros aspectos.