La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá la última palabra sobre la validez de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), incluyendo la prohibición para que los ex funcionarios de mando superior no puedan emplearse en las empresas que hayan supervisado o regulado, hasta 10 años después de haber dejado el servicio público, así lo afirmó el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Al comentar el fallo que en la víspera emitió un juzgado federal, que consideró inconstitucional esta norma, Zaldívar recordó que próximamente la SCJN resolverá una acción de inconstitucionalidad que sentará un criterio definitivo sobre el tema.

El juez lo hizo en el ejercicio de sus facultades y ya la Corte decidirá si la ley es constitucional o no. El juez dictó la resolución que le tocaba dictar conforme al asunto que él tenía para resolver, pero eso no en nada afecta lo que resuelva la Corte.

Explicó que lo que sucederá es que el gobierno federal seguramente interpondrá un recurso de revisión para que la SCJN emita un acuerdo suspendiendo todos los juicios pendientes contra la LFAR, hasta que los ministros no resuelvan dicha acción de inconstitucionalidad.

La LFAR busca evitar la práctica conocida como puerta giratoria, donde ex funcionarios solían obtener altos cargos en las empresas que tenían a cargo vigilar, y luego incluso volvían a la alta burocracia.

En el pleno del máximo tribunal ya se listó para votación la acción de inconstitucionalidad 139/2019, cuyo proyecto presentó la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Se trata del juicio constitucional promovido por senadores de oposición, quienes también impugnan los límites a las prestaciones de la alta burocracia, contenidas en las leyes General de Responsabilidades Administrativas y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En contra de la LFAR se promovieron cuando menos 6 mil 900 amparos, varios de ellos colectivos. El volumen de juicios hizo que el Consejo de la Judicatura Federal tuviera que concentrar estos asuntos en dos juzgados.