Tras los recientes ataques a periodistas y defensores de derechos humanos en varias entidades del país, el titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Enrique Irazoque Palazuelos, sostuvo que lamentablemente esta situación que padecemos como Estado mexicano la venimos arrastrando desde hace más 15 años, en los que no se ha logrado parar el aumento de agresiones.

Durante el segundo de los foros regionales que tienen el propósito de aterrizar una nueva legislación en materia de protección a defensores y periodistas, que se desarrolló ayer en Oaxaca y fue transmitido por Internet, admitió que se vive un momento complejo ante los recientes asesinatos, y recalcó que frente a ello, el gobierno federal ha reconocido la crisis que transita desde 2006.

Para atender este tema, dijo, se requiere una visión de Estado y una corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno, así como de los congresos.

Consideró necesario, como una parte de la solución, que se elabore un nuevo marco jurídico de mayor alcance, no sólo para contener la actual problemática, sino para atender los factores que generan los riesgos.

La norma deberá establecer una cobertura nacional y de reacción efectiva para resguardar y además prevenir, agregó el también responsable del mecanismo de protección para periodistas y defensores.

Como mínimo estamos planteando que dé claridad de todas las obligaciones que se vienen enlazando en estas funciones de resguardo, así como fortalecer el mecanismo de protección para que sea nacional, con acciones vinculantes, subrayó luego de reiterar que en el país no sólo hay autoridades municipales que se resisten a proteger, sino que son parte del problema.

Los enemigos

Explicó que los grandes enemigos a enfrentar en esta agenda de protección son la delincuencia organizada, la impunidad, la falta de colaboración de autoridades locales, el involucramiento de autoridades municipales con grupos de delincuencia, así como la participación activa de autoridades municipales en las agresiones que sufren personas defensoras de derechos humanos y reporteros.

También planteó la creación de un protocolo nacional para la protección de comunicadores y activistas, acompañado de un registro de agresiones.

Luego de que periodistas oaxaqueños reprocharon en el acto desarrollado en la capital de la entidad la falta de seguimiento y atención de autoridades locales, el funcionario afirmó que desde la SG pretenden escuchar las voces de las madres buscadoras, de periodistas y quienes defienden el territorio aun cuando enfrenten a la delincuencia.