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Presidente argentino niega corrupción en el gobierno de Cristina Fernández
 
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2022, p. 23

Buenos Aires., El presidente Alberto Fernández negó irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), actual vicepresidenta, al declarar ayer como testigo en el juicio oral que enfrenta la dirigente por presunta corrupción.

No me consta que haya pasado, respondió el mandatario cuando el abogado defensor de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, le preguntó si partidas del presupuesto nacional destinadas a la obra pública fueron canalizadas de forma arbitraria a favor de un empresario ligado a la ex jefa de Estado.

Es la primera vez en la historia judicial del país sudamericano que un mandatario en ejercicio declara en un proceso a su segundo.

Un tribunal de Buenos Aires juzga a Fernández de Kirchner y a otros ex funcionarios y empresarios por una supuesta asociación ilícita que tuvo como objetivo apoderarse de fondos públicos a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El periodo abarca la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y la de su esposa y sucesora, Cristina Fernández.

Según la fiscalía, hubo una asignación discrecional de obras viales de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, amigo de los Kirchner, por un monto estimado en 400 millones de dólares.

Fernández fue convocado como testigo por la defensa de la vicepresidenta, ya que se desempeñó como jefe de gabinete de ministros de los Kirchner entre 2003 y 2008. En ese cargo debía, entre otras responsabilidades, autorizar con su firma las partidas presupuestarias destinadas a la obra pública.

El presidente, abogado penalista, insistió en que “hay una suerte de fantasía que acá se juntaban dos, tres personas y decían ‘manden la plata a alguien’. Quiero decirles que eso en los hechos es imposible que suceda, es lo que me llama la atención en este juicio”.

El mandatario peronista podía acogerse al derecho a presentar declaración por escrito, pero decidió acudir a los tribunales, en un gesto que se interpretó como un fuerte respaldo a su vicepresidenta, quien rechaza la acusación en su contra.