Los órganos reguladores del sector energético no desaparecerán como se ha hecho creer, sino que la propuesta de reforma eléctrica busca reconfigurarlos para que regresen al Poder Ejecutivo, afirmó el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Raúl Jiménez Vázquez.

Durante el foro 19 del parlamento abierto, el empresario Gustavo Morton Barrera, director de Soltrac y miembro de la organización Empresarios por la 4T, señaló que ninguno de los representantes empresariales que han acudido al espacio de discusión organizado por la Cámara de Diputados –y que se han opuesto a la iniciativa– representa a las 5 millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) del país, las cuales pagan más por usar electricidad respecto a las grandes.

El abogado general de la CFE explicó que la iniciativa de reforma no busca eliminar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el planeador y operador del sistema eléctrico nacional Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), “sino reconfigurar las funciones y reasignarlas en la cabeza del sector energético, la Secretaría de Energía (Sener) y en la CFE.

No creemos en CFE que esto implique una merma, una erosión del Estado constitucional y democrático de derecho. Estos órganos surgen en el contexto ideológico, jurídico y político del modelo neoliberal. Se pensó que de esta manera podrían los mercados funcionar más adecuadamente, haciendo una división de las funciones.

Sin embargo, éstas son inherentes al Poder Ejecutivo federal, por lo que se plantea que regresen.

Comentó que será responsabilidad de los legisladores consignar los candados para que esas áreas ejerzan sus funciones de carácter regulatorio.

Transformar a la CFE de empresa productiva del Estado para convertirla en organismo del Estado significa darle el golpe al timón para preservar los intereses básicos de la nación y de los mexicanos, subrayó el abogado general de la CFE.

Por su parte, Morton Barrera consideró que hasta el momento los representantes de organismo empresariales que han acudido sólo representan a las grandes firmas, no así a las 5 millones de unidades económicas de menor tamaño que existen en el territorio nacional.

“Nadie ve por las pymes. Hay 5 millones de pymes que pagamos la tarifa más alta. Yo pago 5.4 pesos el kilowatt, 77 mil usuarios calificados pagan 1.5. No puedo competir. Las pymes no podemos competir. Hay una tremenda mortandad de pymes porque el piso no es parejo.

No podemos pagar 5.4 pesos el kilowatt y empresas grandes que hacen exactamente lo mismo que nosotros están subsidiadas, dijo al referirse a los beneficios que obtienen las grandes firmas por ser usuarios calificados, es decir, que tiene una demanda de energía eléctrica de más de un megawatt y que cuenta con registro ante la CRE para adquirir el suministro como participante del mercado o mediante un suministrador de servicios calificados.

Francisco López Herrera, catedrático en la división de investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM destacó que la legislación actual beneficia a grandes empresas mientras obstaculiza el cumplimiento de la misión social y el desarrollo productivo de la CFE.

Destacó que los generadores privados no se responsabilizan de la confiabilidad en el suministro y han hecho uso del ahorro nacional para la construcción de las plantas eléctricas privadas.

Destacó que se ha hecho una balcanización y endeudamiento de la CFE, mientras con el esquema de autoabasto se han hecho ventas de energía.