El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda (PAN), ofreció, sin más interés que la defensa de la libertad de expresión, llevar la defensa gratuita de Carlos Loret de Mola, ante las violaciones cometidas por el Presidente, y también de los periodistas difamados o perseguidos por el poder público; no están solos.

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, interrogado respecto de las revelaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los ingresos de Loret, dijo que el Ejecutivo federal viola la ley. Sería muy importante que la Consejería Jurídica le pueda acercar información de qué es lo que se puede hacer público y qué no. Los sujetos obligados somos los servidores públicos, los que tenemos una responsabilidad que viene del propio erario y los que estamos obligados como tal a dar a conocer nuestros estados financieros.

Para la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, se encuentra “en un conflicto de intereses por la #CasaGris”.

En un video difundido en sus redes sociales, Creel expuso que en el caso de Loret, aunque la información no sea veraz, López Obrador puede tener responsabilidades penales y habría causado un daño moral, ante lo cual procederían denuncias ante la FGR y un juicio de orden civil.

Para el ex secretario de Gobernación, el Presidente ha tomado una decisión que puede costarle su legado como luchador social; atentar contra la libertad de expresión no solamente es grave, sino es un delito y tiene consecuencias.

Por su parte, la senadora panista dijo que la empresa de Houston para la que trabaja López Beltrán no tiene 40 años, como dijo en su aclaración, es una empresa que se creó en 2018 y cuya adquisición del dominio de Internet data de 2019. Es increíble que hayan armado una página de Internet, que hayan armado una empresa. Hay conflicto de interés y tráfico de influencias.

En tanto, el Consejo Consultivo del INAI sugirió a este organismo iniciar procedimientos de oficio para garantizar el derecho de protección de los datos personales de Loret y cualquier otro caso similar. Asimismo, propone la adopción de medidas cautelares y de apremio ante un daño inminente o irreparable en materia de privacidad.