Sábado 12 de febrero de 2022, p. 20
Lima. La fiscalía de Perú allanó la madrugada de ayer las oficinas del palacio de gobierno en Lima, en el marco de una investigación por presunta corrupción en contratos de la petrolera estatal Petroperú, y por la que ya hay una pesquisa preliminar contra el presidente Pedro Castillo.
El Ministerio Público anunció en Twitter que la “fiscalía ejecuta el allanamiento y registro domiciliario con fines de incautación en Palacio de Gobierno y otros 14 inmuebles vinculados a la investigación por el presunto direccionamiento en la adquisición de Biodiésel B100 –a cargo de Petroperú– en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators”.
El operativo incluyó el allanamiento simultáneo de viviendas de funcionarios de Petroperú, que presuntamente se coludieron en acuerdos gestados el 18 de octubre de 2021 en el despacho presidencial
.
Uno de los fiscales presentes, Luis Alberto Medina, declaró brevemente que “se recabó información, pero que no se interrogó a nadie, puesto que las personas luego pueden ser citadas por la fiscalía.
A principios de enero, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación preliminar por este caso contra Castillo, por haber presuntamente intervenido en el proceso de adquisición del biodiésel en favor de la empresa Heaven, mediante un contrato por 74 millones de dólares.
Sin embargo, las averiguaciones quedaron suspendidas hasta que Castillo culmine su mandato en 2026, puesto que el presidente cuenta con inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal
en Perú.
Los funcionarios de Petroperú cuyos domicilios fueron allanados este viernes son Hugo Chávez Arévalo (gerente general de Petroperú), Muslaim Abusada Sumar, Gunther Documet Celis, Roger Liy Lion y Gregorio Saenz Moya.
Los empresarios investigados son Karelim López Arredondo, Samir Abudayeh Giha y Carlos Siles Chehade. López Arredondo también figura en otra investigación de la Fiscalía que involucra asimismo a Castillo, por presuntamente haber “intervenido –indebida e indirectamente–” en un proceso de licitación pública para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga, en la región de San Martín.